Por Bruno Cortés
Por años, hablar de los pueblos indígenas en México ha sido más un recurso discursivo que una prioridad política. Pero el 2025 llegó con dos señales que apuntan a un cambio de fondo: por un lado, Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta del país; por otro, el Congreso —de mayoría morenista— ha declarado el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, una propuesta que no se queda en lo simbólico, sino que busca detonar reformas concretas.
Durante el encuentro titulado “Análisis y propuestas para saldar la deuda histórica”, la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Morena y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, fue clara: México tiene una deuda con las mujeres indígenas. Una deuda que no se paga con discursos, sino con justicia, reconocimiento, acceso a derechos y poder de decisión.
Desde la tribuna legislativa, Moreno Guerra señaló que ya se trabaja en una reforma constitucional que va más allá del papel: busca garantizar el derecho de las mujeres indígenas a ser consultadas, a ser votadas, a gobernar sus territorios y a vivir sin discriminación. Y no sólo eso. Llamó a atender con urgencia los casos de mujeres indígenas privadas de la libertad sin traductores, sin defensa adecuada, o migrantes que sufren violencia estructural.
En ese mismo tono, la diputada Gloria Sánchez López, también de Morena y mujer indígena, aseguró que este año no debe ser un acto simbólico más, sino un punto de quiebre. “Ya no basta con denunciar, tenemos que construir. Las mujeres indígenas han estado en el centro de la vida comunitaria y es momento de que estén también en el centro de las decisiones políticas”, expresó.
¿Qué implica esto en la práctica? Implica reformas que garanticen autonomía, presupuesto con perspectiva intercultural, justicia con enfoque comunitario y visibilidad. Y también un cambio profundo en cómo el Estado se relaciona con los pueblos originarios: pasar del asistencialismo a la participación real, del folclor al reconocimiento legal.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, habló de este momento como una oportunidad histórica para redefinir la narrativa del país: que las mujeres indígenas sean quienes cuenten su propia historia, tomen decisiones, asuman el liderazgo en sus comunidades y rompan con los sistemas patriarcales que han limitado su poder.
La magistrada Rosalba Hernández Hernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, sumó otra perspectiva crucial: pasar de la norma a la acción. Porque sí, las leyes han avanzado, pero en la práctica, las brechas entre mujeres indígenas y no indígenas siguen siendo enormes, y más aún cuando hablamos de mujeres afromexicanas. Hizo un llamado fuerte: “basta de romantizarlas con lentes coloniales. Son guardianas del conocimiento, del territorio y de la lengua”.
Y como contexto político, el secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena, Alejandro Robles, hizo una crítica directa a los gobiernos pasados que solo veían crecer la pobreza como si fuera un número más. Habló de un capitalismo patriarcal, racista y eurocéntrico que empujó a millones a la marginación. A diferencia de eso, aseguró que la Cuarta Transformación plantea una forma distinta de gobernar: con un pensamiento antirracista y pro derechos humanos.
Con todo esto sobre la mesa, queda claro que el 2025 no debe ser solo un año conmemorativo, sino el inicio de un nuevo pacto social en el que las mujeres indígenas dejen de ser una nota al pie de página en la historia del país y se conviertan en protagonistas de su presente y su futuro.
Y como lo dijeron desde el Congreso: ya no se trata de hablar por ellas, sino de que ellas hablen, decidan, lideren y transformen. Porque el poder, la dignidad y el futuro también les pertenece.
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