El debate sobre los vapeadores en México está a punto de dar un giro clave. Morena, a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentará una reserva al dictamen de la Ley General de Salud con la intención de que el consumo y la posesión de vapeadores no sean sancionados, siempre y cuando no estén relacionados con su comercialización, importación, exportación o cualquier otra actividad con fines económicos.
La propuesta llega en medio de una discusión intensa en el pleno, donde se analiza una iniciativa que originalmente planteaba una prohibición amplia de los cigarros electrónicos y dispositivos similares. Sin embargo, la reserva busca sustituir la idea de una prohibición absoluta por un esquema más focalizado: castigar únicamente las actividades vinculadas al mercado de estos productos, y no a las personas que los usan de manera individual.
De acuerdo con el proyecto, las sanciones se mantendrían para actividades como la preparación, producción, fabricación, mezclado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, venta y suministro de vapeadores. Es decir, el objetivo central ya no sería el usuario final, sino la cadena de producción y distribución. Monreal ha sido enfático al afirmar que es “falso” que las personas consumidoras de vapeadores vayan a terminar en la cárcel, aclarando que la intención de su propuesta es evitar la criminalización del consumo personal.
Uno de los puntos más relevantes de la reserva es el énfasis en los dispositivos desechables o de un solo uso. Según el argumento de Monreal, estos equipos se han convertido en el principal canal de acceso entre menores de edad, por lo que la reforma busca cerrar ese camino sin afectar la libertad personal de los adultos que ya los poseen o utilizan. La idea es dotar a la autoridad sanitaria de un instrumento regulatorio que sea proporcionado y jurídicamente defendible.
La modificación impactaría directamente el artículo 282 Quarter de la Ley General de Salud. De aprobarse, se prohibiría en todo el territorio nacional la adquisición de estos dispositivos cuando el fin sea la comercialización, eliminando el término “conservación” y añadiendo de forma explícita a los equipos desechables o de un solo uso. Al mismo tiempo, se establecería claramente la excepción: el consumo y la posesión no serían sancionables si no están destinados a actividades de comercialización, propaganda o publicidad.
Otro cambio técnico pero de gran relevancia legal se encuentra en el artículo 282 Ter. En el texto original, la expresión “diferentes al tabaco” había generado, según Monreal, una ambigüedad peligrosa, ya que la naturaleza de los vapeadores no depende de si contienen tabaco, sino de su funcionamiento: calentar soluciones o mezclas químicas, con o sin nicotina. Por esta razón, se propone eliminar esas tres palabras, evitando que los fabricantes o distribuidores utilicen estrategias de reclasificación para evadir la regulación.
Además, la reforma ampliaría la definición legal de lo que se considera un cigarro electrónico o vapeador. Ya no se limitaría a dispositivos que vaporicen líquidos, sino que abarcaría cualquier aparato mecánico, electrónico o de otra tecnología que caliente, vaporice o atomice sustancias tóxicas en diversas presentaciones, incluyendo líquidos, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otras formulaciones sintéticas, con o sin nicotina.
En el terreno político, esta reserva se perfila como la única modificación que sería aprobada por la mayoría de la llamada Cuarta Transformación, en un contexto de fuertes choques entre Morena y el PAN durante la discusión del dictamen. El trasfondo de la reforma es claro: cerrar las lagunas que han permitido el crecimiento del mercado de los vapeadores, sin convertir a los consumidores en delincuentes ni vulnerar la libertad personal.
Si la reserva es aprobada, el país pasaría de un esquema de prohibición generalizada a un modelo de prohibición selectiva, donde el foco ya no estaría en el usuario, sino en el negocio detrás del vapeo. Esto marcaría un cambio significativo en la manera en que México regula estos dispositivos y en el equilibrio entre salud pública, mercado y derechos individuales.
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