La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asumirá el Poder Ejecutivo en condición de “encargada”, luego de la ausencia del presidente Nicolás Maduro, quien —según lo reportado— fue llevado a Estados Unidos.
El anuncio fue leído por la magistrada Tania D’Amelio, quien señaló que Rodríguez deberá ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes” al cargo, con el propósito de garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral del país.
De acuerdo con el pronunciamiento, el máximo tribunal concluyó que existen “circunstancias extraordinarias y de fuerza mayor” no previstas de manera expresa en la Constitución venezolana, y que dichas condiciones representan una amenaza para la estabilidad del Estado y la seguridad nacional.
Con ese argumento, la Sala Constitucional indicó que adoptó una “medida de protección urgente y preventiva” para mantener el funcionamiento del aparato público y sostener las capacidades de defensa institucional en el contexto de la ausencia del jefe del Ejecutivo.
En el mismo comunicado, el TSJ enmarcó la decisión como un mecanismo transitorio, orientado a evitar vacíos de mando en la administración pública, mientras se clarifica el alcance jurídico de la ausencia presidencial y se establecen los pasos a seguir dentro del marco institucional.
En el tablero político venezolano, Delcy Rodríguez es la número dos del Ejecutivo y figura central del gobierno: como vicepresidenta ejecutiva, su encargo la coloca al frente de la coordinación gubernamental y de las decisiones administrativas inmediatas, en tanto se definan procedimientos posteriores.
El fallo también subraya una lectura de excepcionalidad: la Sala sostuvo que el escenario actual requiere interpretación constitucional para sostener la operación del Estado sin interrumpir funciones clave, particularmente en áreas de seguridad, servicios e infraestructura estratégica.
Para la ciudadanía y actores económicos, la medida busca ofrecer una señal práctica: que los trámites, pagos, operaciones de gobierno y decisiones administrativas sigan corriendo —en corto— sin parálisis formal, mientras se procesa la disputa política y jurídica derivada del traslado de Maduro.
En paralelo, el anuncio ocurre en un momento de alta tensión interna y externa, con repercusiones diplomáticas y de seguridad que suelen traducirse en ajustes operativos del gobierno, comunicaciones oficiales más frecuentes y movimientos institucionales para mantener control sobre la administración.
Por ahora, lo complementario pero relevante es lo que sigue: la ruta legal para determinar el tipo de ausencia presidencial, los mecanismos de control institucional y el papel que adopten otros poderes del Estado en las siguientes horas y días.
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