Por Juan Pablo Ojeda
El año legislativo arrancó en la Cámara de Diputados con un mensaje que fue más allá del protocolo de buenos deseos. Entre agradecimientos a la prensa y llamados a defender la libertad de expresión, una diputada fijó una postura dura y directa sobre el accidente del tren interoceánico, una tragedia que dejó 14 personas muertas y casi un centenar de heridos, y que hoy se ha convertido en un símbolo de algo más profundo: cómo se hacen —y cómo se fallan— las políticas públicas en México.
Dicho en palabras sencillas, la exigencia central es que el Estado cumpla con lo básico cuando ocurre una tragedia: decir la verdad, reparar el daño, castigar a los responsables y evitar que vuelva a pasar. Eso que en el lenguaje técnico se conoce como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en realidad significa algo muy concreto para la gente: saber qué falló, recibir apoyo médico y económico, ver a los culpables sancionados y tener la certeza de que no habrá otro accidente por corrupción o negligencia.
El señalamiento fue claro: no se puede esconder a servidores públicos ni a empresas privadas cuando hay vidas de por medio. La diputada fue enfática al afirmar que la corrupción mata, y que quienes provocaron esta tragedia deben enfrentar la cárcel, sin importar cargos, apellidos o cercanías políticas. También puso sobre la mesa un tema que suele incomodar: la calidad de las obras públicas. Más que cambiar leyes, dijo, lo que hace falta es aplicar las que ya existen, evitar moches, contratos inflados y decisiones técnicas tomadas desde el poder y no desde la especialización.
En términos prácticos, esto implica revisar toda la infraestructura ferroviaria del país, incluidos proyectos emblemáticos como el Tren Maya o las nuevas rutas en construcción. La lógica es simple: si no se revisa lo que ya está hecho, el riesgo es que la tragedia se repita. Y eso, en política pública, es uno de los mayores fracasos posibles.
Desde el Congreso, también se abrió la puerta a crear una comisión investigadora. Aunque las investigaciones penales corresponden a las fiscalías, la Cámara de Diputados sí puede acompañar, vigilar y presionar para que los procesos sean imparciales. Incluso se planteó la posibilidad de observadores externos o internacionales, una medida pensada para dar confianza cuando hay dudas sobre la cercanía de las autoridades con el poder político.
La conversación se extendió más allá del tren. El deterioro democrático en Venezuela, la intervención de Estados Unidos, el papel de los organismos internacionales y las declaraciones de Donald Trump aparecieron como advertencias de lo que ocurre cuando se rompen los contrapesos y no se respeta el voto. El mensaje de fondo fue que México no está vacunado contra esos riesgos y que la mejor defensa es fortalecer sus instituciones, respetar la pluralidad y garantizar elecciones libres.
En lenguaje llano, lo que se dijo en San Lázaro es esto: cuando un gobierno se siente intocable, cuando la corrupción no se castiga y cuando las obras se hacen sin rendición de cuentas, las consecuencias las paga la gente común. Por eso, insistió la diputada, no se trata de politiquería ni de pleitos partidistas, sino de justicia para las víctimas y de evitar que el país normalice tragedias que pudieron prevenirse.
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