Por Juan Pablo Ojeda
En un movimiento que marca un giro drástico en las políticas educativas y migratorias de Estados Unidos, el estado de Texas ordenó a sus universidades públicas reclasificar como no residentes a los estudiantes indocumentados que actualmente se benefician de matrículas reducidas, conocidas como in-state tuition.
La instrucción fue emitida por Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, y establece que a partir del semestre de otoño de 2025, los estudiantes sin estatus migratorio deberán pagar la matrícula completa, equivalente a la que se aplica a estudiantes de otros estados (out-of-state tuition), que es significativamente más alta.
Esta decisión surge tras un fallo de un juez federal que invalidó la ley estatal que permitía a los jóvenes indocumentados, que vivían y se habían graduado de preparatoria en Texas, acceder a la matrícula local. El fallo responde a un recurso del Departamento de Justicia de EE. UU., que alegó que esta política «discriminaba inconstitucionalmente» a los ciudadanos estadounidenses al «beneficiar a extranjeros».
El impacto de esta decisión será profundo: se estima que alrededor de 73 mil estudiantes en universidades públicas de Texas perderán este beneficio, cifra que representa casi el 20% del total nacional de estudiantes en situación migratoria irregular, según datos de Higher Ed Immigration Portal.
Fin de una política pionera
Desde su implementación en 2001, el Texas Dream Act fue una de las leyes estatales más progresistas en temas de educación y migración. Permitía que jóvenes sin ciudadanía, pero con años de residencia y estudios en Texas, pagaran la misma matrícula que sus compañeros nacidos en el país.
La ley fue considerada un ejemplo de integración social, que buscaba fomentar la movilidad educativa y laboral de quienes, pese a no tener papeles, eran parte activa de la vida en sus comunidades.
Ahora, con esta nueva orden, esos mismos estudiantes enfrentarán costos tres o cuatro veces mayores, lo que en la práctica los puede excluir de la educación superior pública, limitando sus oportunidades de crecimiento y aportación al país.
Reacciones divididas
Grupos defensores de derechos civiles y educativos han condenado la medida como una forma de discriminación institucional, mientras que sectores conservadores en Texas la celebran como una “corrección” a lo que consideran una política injusta.
Desde México, donde se encuentra el mayor número de familias afectadas por esta decisión, aún no se han emitido reacciones oficiales, pero organizaciones migrantes en EE. UU. han comenzado a exigir que se exploren vías legales para impugnar la decisión.
Esta medida también podría influir en el debate presidencial estadounidense de 2026, ya que Texas suele marcar pauta en políticas migratorias que luego son replicadas en otros estados.
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