Ciudad de México, 9 de julio de 2025.– En un fallo que marca un precedente en la protección del honor frente a expresiones de figuras públicas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo al diputado federal Ricardo Monreal Ávila contra actos atribuidos a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Esto, tras la difusión de un audio en 2022 donde se le vinculaba con supuestas prácticas de manipulación del sistema judicial.
El conflicto se remonta a noviembre de 2022, cuando Sansores, en el marco de su programa “Martes del Jaguar”, presentó un audio cuya autenticidad nunca fue verificada oficialmente, insinuando que Monreal Ávila protegía intereses ajenos a la ley desde su posición como legislador. La filtración generó una tormenta mediática y política, al grado que el propio Monreal calificó el hecho como un “linchamiento político orquestado desde el poder”.
El fallo de la Suprema Corte reconoce que el contenido y la forma en que fue difundido el material vulneraron los derechos fundamentales del legislador, particularmente el derecho al honor, a la vida privada y a la presunción de inocencia. La sentencia no solo representa un triunfo jurídico para Monreal, sino también una advertencia clara sobre los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos.
Los ministros de la Primera Sala consideraron que la conducta de la gobernadora no podía ampararse bajo el derecho a la libre expresión política, ya que implicó imputaciones graves sin sustento probatorio y que afectaron directamente la imagen pública y profesional del entonces coordinador de Morena en el Senado.
“Este fallo no es solo por mí, sino por todos aquellos ciudadanos que han sido difamados desde el poder sin derecho a réplica”, declaró Monreal tras conocerse la resolución. El legislador también confirmó que continuará su lucha por fortalecer el marco legal contra la difamación digital y los abusos del poder público.
Por su parte, la gobernadora Sansores aún no ha emitido una postura oficial sobre el fallo. Sin embargo, miembros de su equipo legal adelantaron que revisarán a fondo los alcances de la sentencia y, en su caso, considerarán las vías constitucionales correspondientes para su impugnación.
Este caso ha revivido el debate sobre el uso político de medios públicos y redes sociales por parte de funcionarios, en especial en contextos de alta polarización dentro del mismo partido Morena. Analistas destacan que esta sentencia de la SCJN reafirma la necesidad de que los gobernantes respeten el debido proceso, incluso en sus expresiones mediáticas.
Finalmente, el amparo otorgado a Monreal podría convertirse en un parteaguas para otras figuras públicas que han sido blanco de campañas de desprestigio desde plataformas oficiales, marcando un nuevo equilibrio entre el derecho a informar y el deber de no difamar desde el poder.
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