Por Juan Pablo Ojeda
Este miércoles 20 de agosto, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, brilló por su ausencia en la audiencia programada en el Reclusorio Oriente, donde se le imputarían delitos graves como peculado y asociación delictuosa. La cita era clara: 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal. Pero en lugar del exmandatario, solo llegó su abogado, Ángel Echegaray, acompañado por representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y autoridades estatales de Michoacán.
Ante la ausencia del exgobernador, la jueza de control Patricia Sánchez Nava preguntó cuál era el motivo. La respuesta del defensor fue simple y desconcertante: “Desconozco por qué no vino”. Y así, la audiencia quedó en suspenso, pero el caso sigue escalando.
De acuerdo con la FGR, Silvano Aureoles está acusado de haber desviado más de 3 mil 400 millones de pesos durante su gobierno (2015–2021), específicamente en la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán, que fueron comprados presuntamente a sobreprecio. Las obras están ubicadas en Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Pero Aureoles no está solo en el radar. Cuatro exfuncionarios de su administración ya fueron detenidos y vinculados a proceso, enfrentando cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Entre ellos están:
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Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas
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Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública
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Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas
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Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC
Este escándalo pone nuevamente sobre la mesa el tema de la corrupción a nivel estatal, particularmente en sexenios recientes donde las obras de infraestructura fueron presentadas como logros, pero hoy aparecen bajo lupa por presuntos manejos fraudulentos.
La ausencia de Silvano Aureoles abre muchas interrogantes: ¿evade la justicia?, ¿prepara una estrategia legal?, ¿buscará politizar el proceso? Por ahora, el expediente sigue creciendo, y las autoridades federales ya dejaron claro que no se trata de una cacería política, sino de una investigación con pruebas documentadas.
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