Por Juan Pablo Ojeda
En un giro poco común pero contundente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que presentará una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras las declaraciones que este hizo en medios estadounidenses y que tocaron tanto al gobierno actual como a casos sensibles del pasado reciente.
Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, Sheinbaum fue clara y firme:
“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar”.
Lichtman, conocido por su estilo frontal y por defender a figuras polémicas, criticó duramente al gobierno mexicano por su reacción ante el acuerdo de culpabilidad que Ovidio Guzmán alcanzó en una corte de Chicago. En dicho acuerdo, el hijo del Chapo aceptó cuatro cargos y ofreció colaborar con autoridades estadounidenses a cambio de beneficios procesales. Lichtman acusó a México de querer “colgarse” políticamente del juicio y, además, lanzó acusaciones sobre presuntas figuras del narcotráfico protegidas en territorio nacional.
En respuesta, Sheinbaum no solo rechazó los señalamientos, sino que también pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare públicamente el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y liberado posteriormente tras no comprobarse los delitos.
“El contenido de lo que dijo debe aclararse, no por mí, sino por lo que mencionó sobre el caso Cienfuegos y otros temas. Tiene que describirse claramente cómo fue todo el proceso: desde su detención hasta su liberación, y cómo la FGR participó”.
Este movimiento de Sheinbaum representa un mensaje político de alto calibre, pues busca desmarcarse por completo de cualquier insinuación de complicidad o doble discurso frente al narcotráfico, un tema históricamente sensible en México.
“No establecemos relación de contubernio con nadie”, sentenció la mandataria, subrayando que su gobierno se basa en resultados y no en simulaciones.
Esta situación se desarrolla en un contexto donde la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y crimen organizado se encuentra en constante tensión. La participación de Ovidio Guzmán como colaborador en EE. UU. podría tener implicaciones en varios frentes, y los comentarios de su abogado abren una ventana incómoda que la administración Sheinbaum no está dispuesta a dejar pasar sin responder legal y políticamente.
La demanda por difamación será el primer paso, pero probablemente no el último movimiento en un tablero donde la justicia, la diplomacia y la narrativa pública se entrelazan.
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