Por Juan Pablo Ojeda
Durante la conferencia matutina de este 6 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de que el Congreso de la Unión abra un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar una serie de reformas prioritarias que quedaron en el tintero tras concluir el periodo ordinario el pasado 30 de abril.
Entre los temas más relevantes está la Reforma al Poder Judicial, una de las apuestas más ambiciosas de la administración federal actual. Sheinbaum dejó claro que espera que durante el periodo extraordinario se puedan debatir todas las leyes secundarias relacionadas con esta transformación, que busca renovar de raíz el sistema de justicia en el país.
Además, subrayó la necesidad de avanzar en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual, según adelantó, será sometida a un parlamento abierto. Esto significa que habrá diálogo con expertos, sectores productivos, ciudadanía y medios de comunicación para garantizar que la legislación refleje intereses amplios y no se convierta en una imposición.
Otro de los puntos cruciales es la aprobación de la ley que dará vida al nuevo organismo antimonopolio, que vendría a sustituir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El objetivo: reforzar la regulación del mercado para evitar prácticas monopólicas, pero con una estructura distinta a la que ha operado hasta ahora.
También se espera que se aborden leyes en materia de seguridad nacional, en particular las vinculadas a la Guardia Nacional (GN), al Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estas reformas buscan reorganizar y fortalecer el marco legal de las instituciones encargadas de la seguridad y la prevención del delito.
El llamado de Sheinbaum al Congreso deja en claro que su gobierno no pretende dejar cabos sueltos y que hay una ruta legislativa trazada para que los temas que considera fundamentales no queden en pausa.
Este posible periodo extraordinario marcaría el arranque de una segunda etapa del sexenio con agenda legislativa activa, reformas estructurales y un enfoque en consolidar lo que desde Palacio Nacional consideran una “nueva etapa del Estado mexicano”.
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