Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que, si el narcotraficante Ovidio Guzmán López incrimina a alguna persona en México durante su proceso judicial en Estados Unidos, la administración norteamericana debe aportar pruebas sólidas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta pueda actuar conforme a la ley.
En su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue directa: “Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del gobierno de los EE. UU. a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo en nuestro país”.
Este mensaje cobra relevancia ahora que Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, ha firmado un documento en Estados Unidos para declararse formalmente culpable de cargos relacionados con narcotráfico. El acuerdo, conocido como “Consentimiento a la transferencia del caso para la declaración de culpabilidad y la sentencia”, fue presentado el 30 de junio y establece que su caso se resolverá en el Distrito Norte de Illinois, desplazando el procedimiento previamente abierto en un tribunal de Nueva York.
La medida no solo agiliza su proceso judicial, sino que también podría tener consecuencias en México, especialmente si Guzmán López apunta a cómplices o colaboradores en territorio nacional.
Ovidio, de 34 años, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras ser detenido en México a principios de 2023. Se le acusa de delitos graves como conspiración para distribuir drogas, tráfico de fentanilo, financiamiento del crimen organizado y posesión ilegal de armas. Hasta ahora, se había proclamado inocente en relación a esas acusaciones.
Además, su hermano Joaquín Guzmán López también estaría en negociaciones para declararse culpable en otro expediente en Chicago, lo que podría abrir un nuevo frente judicial binacional.
Con este escenario, la postura de Sheinbaum deja claro que, para que la FGR pueda actuar en caso de nuevas acusaciones, es indispensable la cooperación judicial de Estados Unidos. Sin las pruebas formales que acompañen las imputaciones, cualquier acción en México carecería de sustento legal y no podría proceder.
Este episodio subraya nuevamente la importancia de la cooperación judicial internacional en casos de crimen organizado, y define un precedente: las declaraciones de delincuentes confesos no son suficientes sin respaldo documental y legal.
El tiempo dirá si Guzmán López señala a alguien en México y, en ese caso, si Estados Unidos cumple y México puede judicializar esas acusaciones con la contundencia que exige la ley.
Deja una respuesta