Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió esta mañana la permanencia de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), argumentando que se trata de una figura ya contemplada en la Constitución mexicana —específicamente en el artículo 19— y que su aplicación es necesaria ante el contexto de inseguridad y crimen organizado que enfrenta el país.
“Está en la Constitución. Desde 2019, con el presidente López Obrador, se establecieron una serie de delitos que representarían prisión preventiva oficiosa”, declaró en conferencia desde Palacio Nacional. Para la mandataria, la PPO debe seguir existiendo como un criterio orientador para los jueces, al menos cuando se trate de delitos graves como homicidio. Según ella, dejar este tipo de decisiones totalmente al criterio judicial podría debilitar el combate a delitos de alto impacto.
Sheinbaum hizo énfasis en la protección de jueces y víctimas, y aseguró que la PPO no implica que se encarcele sin más, sino que se orienta con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Estas declaraciones ocurren a días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propone eliminar el carácter automático de la prisión preventiva. El documento no busca desaparecer la PPO, pero sí propone reinterpretarla bajo principios de derechos humanos, es decir, que cada caso sea evaluado en audiencia, y que la medida se use solo cuando existan pruebas objetivas de que el imputado representa un riesgo.
“La idea de privar preventivamente de la libertad a una persona debe significar una verdadera excepción”, sostiene la ministra en su iniciativa derivada de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la CNDH.
Según Ríos Farjat, la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en un mecanismo automático y punitivo, que contradice tratados internacionales firmados por México y vulnera derechos fundamentales. Propone que los jueces valoren cada caso, notifiquen a las víctimas y fundamenten con evidencia la necesidad de aplicar esta medida como último recurso.
La propuesta será discutida el próximo 24 de junio en la Corte, y de aprobarse, podría desencadenar una oleada de solicitudes de revisión por parte de personas presas bajo este esquema. Ante ello, la ministra recomienda que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los tribunales estatales estén listos para recibir y procesar dichas peticiones de manera ordenada y eficiente.
El debate en la SCJN abrirá un nuevo capítulo en la discusión entre la protección de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. Por un lado, el gobierno federal y la presidenta insisten en que se requiere una herramienta firme contra el crimen; por el otro, se alzan voces que recuerdan que el debido proceso no debe sacrificarse en nombre de la seguridad. Todo indica que la próxima semana será clave para el futuro de esta figura legal en México.
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