Por Juan Pablo Ojeda
En medio del proceso judicial que enfrenta Ovidio Guzmán López en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje directo a Washington: hay una evidente falta de coherencia en su política frente al narcotráfico.
Durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum cuestionó la lógica estadounidense de etiquetar como terroristas a grupos del crimen organizado, al mismo tiempo que se sientan a negociar con líderes del narcotráfico. “Todo lo demás es parte de un juicio que se lleva, pero lo que señalamos es la falta de coherencia en esa política”, declaró.
El contexto no es menor. Este viernes 11 de julio, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de Los Chapitos, tendrá una audiencia clave en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Estados Unidos. Se espera que se declare culpable por cargos relacionados con el tráfico de drogas, un giro importante luego de que en septiembre de 2023, tras ser extraditado desde México, se había declarado no culpable.
El caso de Ovidio es uno de los más emblemáticos en la narrativa reciente del combate al narcotráfico. Su nombre ganó relevancia internacional desde el llamado Culiacanazo, aquel 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales mexicanas lo detuvieron por primera vez, solo para liberarlo horas después tras un violento enfrentamiento en Culiacán. La decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue evitar, según dijo, un mayor derramamiento de sangre.
Apenas en enero de 2023, fue capturado nuevamente en Sinaloa, esta vez poco antes de la visita del presidente estadounidense Joe Biden, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Su extradición a EE.UU. se concretó ese mismo año, aunque inicialmente negó los cargos de conspiración para distribuir drogas, asociación criminal, lavado de dinero, exportación de narcóticos y uso de armas de fuego.
Sin embargo, el 30 de junio pasado, firmó por primera vez un documento legal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aceptando su culpabilidad, pero solicitando que su caso se concentre en la Corte de Illinois, donde enfrenta cargos específicos por tráfico de drogas en Chicago, Nueva York y Washington D.C.
En este entorno de enjuiciamientos y declaraciones legales, el mensaje de la presidenta Sheinbaum cobra mayor peso político. No solo se trata de un posicionamiento sobre un proceso penal, sino de una crítica de fondo a la doble moral en la política exterior estadounidense, especialmente en temas sensibles como la lucha contra el crimen organizado y la soberanía judicial.
Al hablar de la presión internacional y de la necesidad de coherencia, Sheinbaum también perfila la postura que quiere marcar su gobierno: defensa de la soberanía nacional, sin dejar de cooperar en seguridad, pero exigiendo respeto y trato igualitario en los acuerdos bilaterales. En otras palabras, México no solo coopera, también cuestiona.
El juicio de Ovidio Guzmán es, sin duda, uno de los temas más delicados en la agenda bilateral México–Estados Unidos, y no solo por lo que representa en términos de justicia, sino porque refleja las tensiones históricas en la forma en que ambos países entienden y enfrentan al narcotráfico. Y esta vez, la presidenta mexicana no dudó en ponerlo sobre la mesa.
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