Por Juan Pablo Ojeda
En un tono firme pero con cautela, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el primer revés que sufrió en el Congreso de Estados Unidos la polémica propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por mexicanos. Aunque el avance representa un respiro para millones de familias que dependen de estos envíos, la mandataria advirtió que la batalla aún no está ganada.
Desde Coahuila, donde visitó la mina Pasta de Conchos y encabezó la inauguración de un hospital, Sheinbaum dijo brevemente a medios que hay que mantenerse alertas, porque el Congreso estadounidense tiene previsto retomar la discusión del impuesto más adelante.
«Vamos a seguir para evitar que pueda haber este impuesto que es muy injusto y que además viola un convenio que se tiene entre ambos países», señaló la jefa del Ejecutivo mientras se trasladaba por carretera. La propuesta ha generado gran preocupación en México y en la comunidad migrante, pues busca gravar con un 5% los envíos de dinero que los mexicanos hacen desde Estados Unidos hacia su país de origen.
Este tipo de medidas no son menores. México cerró 2024 con un récord histórico de 64 mil 745 millones de dólares en remesas, lo que equivale a casi el 4% del PIB nacional. Estos ingresos se han convertido en una fuente clave para la estabilidad de millones de hogares y en el segundo flujo económico más importante para el país después de las exportaciones, superando incluso al turismo y al petróleo.
Por eso, Sheinbaum no dudó en hacer un llamado directo a los mexicanos que viven en Estados Unidos: «Que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esta medida». Un llamado al cabildeo ciudadano, pero también a la unidad de la diáspora mexicana ante lo que ha calificado como un intento de penalizar el esfuerzo de quienes trabajan fuera del país.
En paralelo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, explicó que esta propuesta no solo es injusta, sino que viola el tratado fiscal bilateral de 1994, el cual busca evitar la doble tributación entre ambos países. En otras palabras, los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en Estados Unidos, y aplicar un nuevo gravamen a sus envíos equivaldría a cobrarles dos veces por lo mismo.
No es la primera vez que Sheinbaum se pronuncia con contundencia sobre el tema. En días pasados calificó esta iniciativa como “injusta”, “inaceptable” e incluso “inconstitucional”, marcando una postura firme desde el gobierno mexicano.
Aunque el freno actual en el Congreso de Estados Unidos es una buena noticia, queda claro que la discusión está lejos de terminar. Lo que está en juego no es solo un tema económico, sino también político y social: el derecho de los migrantes a no ser utilizados como blanco electoral ni como fuente de recaudación injusta.
Y mientras eso ocurre al norte del río Bravo, en México, la presidenta busca tejer alianzas, encender alertas y asegurar que la voz de los paisanos tenga eco en los pasillos del Capitolio. Porque cuando se trata de remesas, no solo es dinero lo que está en juego: es el sustento, el esfuerzo y la dignidad de millones de familias.
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