Por Juan Pablo Ojeda
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó con firmeza que el gobierno federal no protegerá a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, ni a ninguna persona relacionada con los recientes señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.
Sheinbaum subrayó que las investigaciones se llevarán a cabo estrictamente dentro del marco legal y basadas en la información concreta que se reciba de las autoridades internacionales y nacionales. “Nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca, y vamos a actuar siempre en el marco de la ley”, declaró.
La mandataria explicó que el proceso depende de la información disponible para que las autoridades mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía, puedan abrir investigaciones formales. “No es un asunto de proteger a alguien o de impunidad, el asunto es qué información te envían para que puedas actuar”, puntualizó.
Al ser cuestionada sobre si pediría a Alfonso Romo que aclare las acusaciones, Sheinbaum respondió que cada quien debe asumir su responsabilidad: “Él puede aclarar lo que quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno y a cada quien le corresponde su parte”.
Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha sido señalado por supuestos vínculos con Vector Casa de Bolsa, una de las tres instituciones financieras mexicanas acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero y relación con el crimen organizado. Las otras dos son CI Banco e Intercam.
En respuesta a estas acusaciones, las tres instituciones han negado categóricamente las imputaciones del gobierno estadounidense. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de proteger a los ahorradores y acreedores.
Este caso marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones financieras y políticas entre México y Estados Unidos, y mantiene la atención en el gobierno mexicano sobre la transparencia y legalidad en el sector bancario.
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