Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su gobierno ya analiza los impactos ambientales y de seguridad derivados del lanzamiento del cohete Starship, de la empresa SpaceX, cuyo más reciente vuelo terminó con fragmentos cayendo en costas mexicanas, específicamente en playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.
«Se está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales se están violando, y a partir de ahí iniciaremos un proceso, porque en efecto sí hay contaminación», declaró la mandataria durante su conferencia matutina.
Este incidente ocurrió tras el noveno lanzamiento de prueba del cohete Starship desde Boca Chica, Texas, una base ubicada a solo tres kilómetros de la frontera con México. Durante su reingreso a la atmósfera terrestre, una parte del cohete explotó, desintegrándose y esparciendo residuos sobre el Golfo de México, varios de los cuales llegaron hasta territorio mexicano.
Entre los restos encontrados hay materiales como caucho, silicona, plástico, aluminio, y tanques de enfriamiento. Si bien los desechos grandes ya han sido retirados por brigadas locales, persiste la preocupación por la «micro basura espacial», pequeñas partículas que afectan seriamente el ecosistema costero.
La situación es especialmente grave en esta zona por tratarse de un hábitat clave para la tortuga Lora, especie en peligro de extinción. Ambientalistas han advertido que los residuos podrían ser ingeridos por las crías recién liberadas, al confundirlos con alimento, lo que pondría en riesgo miles de ejemplares.
Sheinbaum afirmó que se revisa toda la operación de lanzamientos de cohetes desde Estados Unidos, especialmente por su cercanía a la frontera mexicana. A partir de los hallazgos, dijo, se tomarán medidas conforme al derecho internacional.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una regulación global para el desarrollo espacial, sobre todo cuando los efectos de estas pruebas tecnológicas trascienden fronteras y afectan directamente a comunidades y ecosistemas vulnerables.
El gobierno mexicano ya ha iniciado la coordinación con dependencias federales, autoridades locales y especialistas en derecho internacional para determinar la ruta legal a seguir. Mientras tanto, se espera que tanto SpaceX como el gobierno de Estados Unidos respondan por los daños causados en territorio mexicano.
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