Por Juan Pablo Ojeda
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, salió esta mañana al paso de la polémica generada por la propuesta del Infonavit para regularizar viviendas abandonadas o invadidas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, dejó claro que este programa no atenta contra la propiedad privada ni quitará casas a quienes las adquirieron legalmente.
“Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a respetar”, afirmó la mandataria, desmintiendo versiones que circularon en medios y redes, que sugerían que el gobierno pretendía expropiar viviendas a sus legítimos dueños.
Sheinbaum explicó que el problema tiene raíces en decisiones pasadas: el Infonavit construyó miles de casas muy lejos de los centros urbanos, lo que derivó en que muchas de ellas fueran abandonadas por sus dueños originales, al no poder habitarlas por la distancia o falta de servicios. Además, denunció que hubo fraudes serios, como viviendas vendidas varias veces o entregadas con documentos irregulares.
Un censo reciente realizado por la Secretaría del Bienestar arrojó que hay al menos 800 mil viviendas sin habitar, muchas invadidas, lo que ha encendido alertas tanto en el gobierno como entre los trabajadores que aún pagan por casas que ya no ocupan.
Frente a esto, la presidenta fue tajante: el objetivo es encontrar soluciones que no impliquen afectaciones a la propiedad privada ni perpetúen fraudes cometidos en el pasado. “Lo que sería absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, argumentó.
Sheinbaum planteó que se buscan mecanismos legales y justos para dar uso a esas casas, ya sea mediante regularización, renegociación de créditos o nuevos esquemas de vivienda social, siempre cuidando que no se afecte a quienes siguen pagando por su casa o tienen escrituras en regla.
“El Estado no puede cerrar los ojos ante el problema de miles de viviendas abandonadas, muchas en zonas con necesidad de vivienda. Ya se gastaron miles de millones de pesos en despachos que intentaron recuperarlas sin éxito”, enfatizó.
Finalmente, recordó que todas las decisiones serán revisadas caso por caso, con transparencia, legalidad y con el compromiso de no afectar a los trabajadores ni a sus derechos patrimoniales. “No se trata de quitar nada a nadie, se trata de resolver un problema de vivienda que el país arrastra desde hace años”, concluyó.
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