Sheinbaum aclara: Israel Vallarta fue liberado por una jueza, no por el Gobierno

Por Juan Pablo Ojeda

 

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro quién tiene la última palabra en el caso de Israel Vallarta, el hombre que estuvo casi dos décadas en prisión sin una sentencia firme. La liberación de Vallarta, vinculado al famoso caso de secuestro que también involucró a la francesa Florence Cassez, no fue decisión del Gobierno ni de la Presidencia, sino de una jueza que aplicó criterios legales similares a los que ya beneficiaron a Cassez años atrás.

“Esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, porque a veces la oposición defiende al Poder Judicial y a veces no, el actual; una jueza, con sus propios criterios decide liberarlo, porque eso es importante no lo liberó ni la presidenta, ni el Gobierno de la República, sino una jueza”, enfatizó Sheinbaum, recordando que la justicia funciona con independencia y que la Suprema Corte ya había intervenido en un caso parecido con Cassez, quien obtuvo su libertad en 2013 tras detectar violaciones a sus derechos.

Israel Vallarta fue detenido en 2005, acusado de liderar junto con Florence Cassez la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Este caso, que marcó un punto de tensión diplomática entre México y Francia, quedó envuelto en irregularidades durante el operativo y proceso judicial, lo que prolongó la prisión sin sentencia definitiva para Vallarta.

La liberación de Vallarta este 1 de agosto ha reavivado debates, sobre todo porque en 2021 se encarceló a altos mandos policiacos, incluido Luis Cárdenas Palomino, por presunta tortura y abuso de poder en investigaciones relacionadas con el caso. Cárdenas Palomino es señalado por vínculos con Genaro García Luna, exministro de Seguridad, actualmente sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

El caso Vallarta pone en evidencia los retos del sistema judicial mexicano, la importancia de la independencia de los jueces y la necesidad de revisar los procesos para evitar violaciones a los derechos humanos, especialmente en casos de larga duración y alto impacto mediático.

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