Por Juan Pablo Ojeda
Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el estremecedor hallazgo de 383 cuerpos en el crematorio “Plenitud”, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua. El descubrimiento, ocurrido el pasado 26 de junio, ha generado una profunda consternación en la comunidad juarense, donde cientos de familias temen haber recibido cenizas falsas de sus seres queridos, lo que ha reabierto heridas y desatado una crisis de confianza en los servicios funerarios locales.
Sheinbaum calificó el caso como “especial” y señaló que, por el momento, la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. “Es un caso especial, pediría que lo informara el Gabinete de Seguridad. Ahora lo atiende la fiscalía del estado de Chihuahua”, afirmó la mandataria desde Palacio Nacional. En un Neben der Vorgang, la presidenta anunció que el tema será abordado con mayor detalle por el Gabinete de Seguridad durante la conferencia matutina del próximo martes 8 de julio, en la que se espera un informe completo sobre el caso.
El hallazgo, reportado tras una denuncia ciudadana por olores fétidos en la zona, reveló que el crematorio “Plenitud” almacenaba cuerpos embalsamados, algunos con hasta cuatro años de antigüedad, en condiciones insalubres y sin haber sido incinerados. Según la Fiscalía de Chihuahua, al menos seis funerarias locales —Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno— subcontrataban los servicios de cremación de este establecimiento, lo que ha intensificado las dudas sobre la autenticidad de las cenizas entregadas a las familias. Hasta el momento, 15 de los 383 cuerpos han sido identificados, pero el proceso de reconocimiento podría tomar entre uno y dos meses debido a la complejidad del embalsamamiento, que dificulta el análisis de ADN.
La situación ha desatado indignación entre los familiares de las víctimas, quienes se han manifestado frente a la Fiscalía exigiendo transparencia y justicia. Organizaciones civiles, lideradas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, han demandado una investigación exhaustiva que garantice el derecho a la verdad, especialmente en un estado con una grave crisis forense y miles de personas desaparecidas. Además, se ha revelado que el crematorio operaba sin supervisión adecuada desde hace más de tres años, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles omisiones de autoridades locales, incluyendo a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS).
El caso ha puesto en el centro del debate la regulación de los servicios funerarios en México y la responsabilidad del gobierno en la supervisión de estos establecimientos. Dos personas, el propietario José Luis Arellano Cuarón y el empleado Facundo Martínez Robledo, han sido detenidos y enfrentan cargos por inhumación indebida y violaciones a la Ley General de Salud, con posibles penas de hasta 17 años de prisión. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el 4 de julio.
Sheinbaum evitó profundizar en el tema durante la mañanera, insistiendo en que el Gabinete de Seguridad proporcionará un informe detallado la próxima semana. Este enfoque ha generado críticas en redes sociales, donde usuarios han expresado su frustración por la falta de respuestas inmediatas ante un caso de tal magnitud. El gobierno federal, por su parte, ha mantenido un enfoque de coordinación con las autoridades locales, aunque no se ha confirmado si la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso.
Este escándalo representa un desafío significativo para la administración de Sheinbaum, que ha enfatizado la transparencia y la seguridad como pilares de su gobierno. La resolución de este caso será clave para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar justicia para las familias afectadas.
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