Por Juan Pablo Ojeda
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue señalada este lunes por presunta incongruencia en sus declaraciones sobre la gentrificación en la Ciudad de México, luego de que diversos reportes indicaran que tanto ella como su hermana, Bertha Alcalde Luján, actual fiscal de justicia capitalina, residen en un edificio ubicado en la colonia Roma Sur, una de las zonas más impactadas por este fenómeno urbano.
Durante su participación en la marcha contra la gentrificación realizada el 4 de julio, Alcalde Luján vinculó el fenómeno con prácticas inmobiliarias irregulares en alcaldías gobernadas por la oposición, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, acusando la existencia de un supuesto “cártel inmobiliario” relacionado con construcciones fuera de norma y sobornos.
“Esta problemática está vinculada muchas veces a los desarrollos inmobiliarios que se hicieron de forma muy corrupta, sin lineamientos, con moches y que nosotros hemos evidenciado y llamado cártel inmobiliario”, declaró la dirigente morenista.
Una propiedad en el foco
Sin embargo, documentos oficiales y reportes periodísticos han revelado que en 2016 Luisa María Alcalde compró una casa de dos plantas en la Roma Sur por 4.2 millones de pesos, que posteriormente fue demolida para dar paso a un edificio de cuatro niveles, terminado en 2020 durante la gestión de Néstor Núñez, exalcalde morenista en Cuauhtémoc.
Dicho inmueble, de acuerdo con las normas de uso de suelo del polígono, solo permitía tres niveles. Sin embargo, la construcción incluye un cuarto piso, además de un roof garden, jacuzzi y áreas comunes, según los registros de la obra.
Pese a que la construcción fue finalizada hace cuatro años, según un reportaje de Latinus, no se presentó el aviso de terminación de obra ni se tramitó el uso y ocupación del edificio, lo que implica que técnicamente no es habitable bajo la ley.
Declaraciones patrimoniales
En su declaración patrimonial de 2019, Luisa María Alcalde reportó tener un tercio del inmueble, el cual habría sido donado por sus padres por 1.7 millones de pesos. Por su parte, su hermana Bertha Alcalde, en su declaración como fiscal, señaló haber comprado un departamento de 134 metros cuadrados en el mismo predio en agosto de 2016.
La falta de permisos completos y el aparente exceso de construcción han generado cuestionamientos sobre si el inmueble incurre en las mismas prácticas que Morena ha denunciado en otras alcaldías, especialmente cuando se acusa al PAN de impulsar la gentrificación mediante el “cártel inmobiliario”.
¿Incongruencia política?
La controversia pone bajo la lupa el discurso de Morena sobre planeación urbana, acceso a vivienda y combate a la corrupción inmobiliaria. La residencia de dos funcionarias de alto nivel en un edificio que supuestamente incumple la normativa urbanística podría debilitar su narrativa frente a la oposición, sobre todo en un contexto donde la gentrificación se ha convertido en tema central de discusión pública.
Hasta el momento, no hay registros de sanciones, clausuras o investigaciones administrativas por parte de las autoridades locales contra dicho inmueble.
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