Por Bruno Cortés
El Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 votos a favor y 39 en contra en lo particular, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Las reformas buscan modernizar el juicio de amparo mediante el uso de tecnologías de la información, con la finalidad de garantizar procedimientos en línea más uniformes y vinculantes. El dictamen establece la equivalencia entre expedientes electrónicos y físicos, con lo que se pretende dar certeza jurídica a las partes.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del interés legítimo, tanto individual como colectivo, como elemento válido en los procesos de amparo. Además, se recuperó el texto vigente que permite sancionar a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales, eliminando la propuesta original que trasladaba el costo de las multas al Estado o a la sociedad.
En materia fiscal, el dictamen establece de manera explícita las formas en que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión de actos relacionados con créditos fiscales firmes. Asimismo, se ajustó el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación para alinearlo con el paquete fiscal actualmente en discusión en la Cámara de Diputados.
Durante la discusión en lo particular, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó una reserva para precisar que los asuntos en trámite a la entrada en vigor del decreto se seguirán resolviendo conforme a las disposiciones reformadas. Argumentó que la medida no afecta derechos adquiridos ni genera retroactividad prohibida por la Constitución, sino que evita el uso del amparo como recurso para retrasar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal.
La reserva de Huerta fue aceptada por la asamblea en votación económica. En contraste, las reservas de senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano, entre ellos Verónica Rodríguez Hernández, Miguel Márquez y Luis Donaldo Colosio Riojas, fueron desechadas.
Desde la oposición, senadores del PAN y PRI manifestaron su rechazo. Rodríguez Hernández sostuvo que la reforma limita la defensa ciudadana y otorga mayor poder discrecional a las autoridades. En tanto, Carolina Viggiano (PRI) advirtió que los cambios despojan a los justiciables de garantías procesales vigentes, lo que genera incertidumbre sobre las reglas aplicables a los litigios en curso.
El debate en torno a la reforma refleja las tensiones entre la modernización del marco jurídico del amparo y la percepción de la oposición sobre una posible restricción de derechos. Ahora, la discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde se prevé un debate en paralelo con el paquete fiscal 2026.
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