Por Bruno Cortés
La discusión sobre la reforma electoral en México no terminó con el rechazo de la propuesta original en el Congreso. De hecho, apenas empieza una nueva etapa. El coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum actuó con “generosidad política” al convocar a sus aliados a reconstruir la alianza legislativa después de la votación que frenó la reforma constitucional en materia electoral.
El legislador relató que la noche posterior a esa votación hubo una reunión larga en Palacio Nacional entre representantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. La conversación duró varias horas y tuvo un objetivo claro: buscar una nueva ruta para avanzar en cambios políticos sin romper la coalición que ha impulsado las principales reformas del actual proyecto de gobierno.
Según Monreal, la presidenta optó por el diálogo en lugar de la confrontación. A pesar de que algunos aliados votaron en contra de su reforma electoral durante la sesión legislativa, Sheinbaum los invitó a sentarse nuevamente a la mesa para analizar una propuesta distinta, menos profunda que la anterior, pero que permitiría mantener la agenda de cambios políticos.
Ese nuevo planteamiento es lo que el gobierno ha llamado “Plan B”. En términos sencillos, se trata de un paquete de modificaciones constitucionales enfocadas en reducir privilegios dentro de las estructuras políticas locales y ajustar algunos mecanismos de participación ciudadana. Monreal explicó que el proyecto gira alrededor de cuatro ejes principales.
El primero tiene que ver con los congresos estatales y el número de diputados locales. La idea es revisar si esas estructuras pueden hacerse más eficientes y menos costosas. El segundo punto se refiere a los ayuntamientos, donde se plantea establecer límites en el número de regidores y también en los recursos económicos que reciben, con el objetivo de evitar gastos excesivos en gobiernos municipales.
El tercer eje está relacionado con la revocación de mandato, un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede decidir si un gobernante continúa o no en su cargo antes de que termine su periodo. Y el cuarto tema, que aún se analiza, podría incluir ajustes en los tiempos de la elección del Poder Judicial, incluso con la posibilidad de que se posponga hasta 2028 mediante cambios en los artículos transitorios de la Constitución.
Monreal insistió en que estas propuestas no son simples ajustes administrativos, sino reformas constitucionales que requerirán debate y votos suficientes en el Congreso. Aun así, adelantó que Morena cerrará filas con la presidenta y buscará convencer a sus aliados de respaldar la iniciativa cuando llegue formalmente al Poder Legislativo.
Para el coordinador parlamentario, la política también implica reconciliar diferencias. Por eso subrayó que, pese a las tensiones recientes, el PT y el Partido Verde siguen siendo aliados importantes dentro del proyecto político del oficialismo. Desde su perspectiva, las diferencias que surgieron durante la votación de la reforma electoral forman parte de la dinámica normal de la política.
El legislador también dejó claro que no tomará medidas contra las diputadas de su bancada que votaron en contra de la propuesta original. Explicó que esas decisiones corresponden a las instancias partidistas y no a la coordinación parlamentaria. Aun así, reconoció que la militancia de Morena suele ser exigente con la coherencia entre el discurso y las decisiones legislativas.
En el fondo, el mensaje de Monreal es que el gobierno busca mantener un equilibrio: impulsar cambios en el sistema político sin romper la alianza que le permite tener mayoría en el Congreso. Por ahora, todo dependerá de cómo llegue la iniciativa que la presidenta enviará en los próximos días y de si los aliados deciden respaldarla.
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