Por Bruno Cortés
En un país donde millones de animales viven en abandono y muchos refugios operan con más voluntad que recursos, la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, está empujando una iniciativa que podría poner orden —y lupa— en todo ese ecosistema de centros de rescate, albergues y asociaciones que, con o sin apoyo público, se hacen cargo del problema.
La propuesta va directo a dos leyes clave: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué busca? Crear un Padrón Nacional de Refugios de Animales, obligatorio para todos los espacios que atiendan animales domésticos, silvestres o en abandono, siempre que operen con dinero público o privado.
La idea central es sencilla pero potente: si vas a cuidar animales y recibir recursos, necesitas estar registrado, supervisado y rendir cuentas. El padrón sería administrado por la SEMARNAT, en conjunto con gobiernos estatales y municipales, y serviría para vigilar las condiciones de operación, sanitarias, administrativas y de bienestar animal en cada refugio, albergue o centro de rehabilitación.
Y no es letra muerta. Los lugares que incumplan los criterios podrían ser suspendidos o borrados del padrón, lo cual implicaría perder el acceso a apoyos públicos. Es decir: si quieres recursos del Estado, primero cumple con los estándares mínimos y sé transparente.
Además, los refugios deberán tener infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos médicos veterinarios, programas de adopción y mecanismos claros de transparencia, incluyendo informes trimestrales sobre el uso de los recursos que deberán hacerse públicos.
¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque, como señala la propia diputada Guerrero, aunque en México el maltrato animal ya está tipificado como delito, en los hechos la aplicación de la ley ha sido nula o ineficaz. Entre 2019 y 2020, por ejemplo, no se logró una sola sentencia por casos de maltrato, a pesar de las denuncias y la supuesta capacitación de servidores públicos.
Peor aún: no hay un sistema confiable que permita saber qué pasa con los animales rescatados, quién los cuida, con qué condiciones y con qué dinero. Hoy por hoy, cualquiera puede montar un refugio sin mayor supervisión, y eso ha abierto la puerta a irregularidades e incluso más maltrato.
Con esta iniciativa, turnada ya a las comisiones de Medio Ambiente y de Presupuesto, se pretende cerrar esa zona gris legal, garantizando que quien reciba fondos para cuidar animales lo haga con responsabilidad, profesionalismo y bajo vigilancia.
Porque cuidar animales no es solo una causa noble; también es una obligación del Estado, y un compromiso con el bienestar, la transparencia y la justicia. Esta vez, el Congreso está intentando que eso deje de ser solo un discurso.
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