Por Bruno Cortés
En un país donde el dinero sucio suele moverse más rápido que el limpio, el Congreso mexicano acaba de dar un paso importante para frenar las operaciones financieras que alimentan al crimen organizado. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que ya llegó a San Lázaro una minuta con cambios relevantes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida por muchos como la ley contra el lavado de dinero.
Y aunque el nombre suena enredado, el objetivo es bastante claro: cerrarle el paso al dinero que viene de delitos —como el narcotráfico, la corrupción o el fraude— antes de que entre al sistema financiero. Esta ley busca que las autoridades puedan rastrear mejor quién mueve qué, cuándo y cómo, para que no se siga financiando la violencia o la evasión fiscal a través de empresas fachada, prestanombres o movimientos digitales oscuros.
Uno de los cambios centrales de esta reforma es que se fortalece la capacidad de la Secretaría de Hacienda (a través de la Unidad de Inteligencia Financiera) para rastrear a los llamados “beneficiarios controladores”, o sea, las personas que realmente están detrás de una empresa o una operación económica, aunque no aparezcan en papel. Esto es clave, porque muchas veces el que da la cara es sólo un prestanombres, mientras que el verdadero operador está oculto.
También se establecen nuevas reglas para quienes realizan actividades consideradas “vulnerables”, como casas de cambio, constructoras, notarías, casinos, joyerías o plataformas que manejan activos virtuales (criptomonedas, por ejemplo). Estas personas o empresas ahora tendrán que registrarse en un sistema especial, reportar operaciones sospechosas y mantener toda la información a disposición del gobierno, sobre todo si los movimientos rebasan ciertos montos (210 o 4 veces el valor diario de la UMA, según el caso).
Además, la reforma pone a trabajar en conjunto a varias instituciones: Hacienda, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y los gobiernos estatales y municipales, que deberán colaborar para intercambiar información patrimonial y detectar posibles operaciones ilegales. La idea es que no haya zonas grises ni niveles de gobierno “despistados” mientras se lava dinero en sus narices.
Otro punto que llama la atención es que la ley también alcanza a partidos políticos, sindicatos y sus dirigentes. Si hay movimientos raros en sus finanzas, Hacienda podrá pedirle información directamente al INE o a las autoridades laborales, y estos estarán obligados a entregarla. Todo con tal de garantizar que los recursos públicos y privados no terminen en campañas sucias o bolsillos indebidos.
Y por si fuera poco, en caso de que haya sospechas de operaciones ilegales, la denuncia la presentará directamente la Unidad de Inteligencia Financiera, con el papel formal de víctima u ofendida. Esto le da más peso y legitimidad a las investigaciones.
En resumen: no se trata de una nueva cacería de brujas, sino de poner orden en una cancha donde por años ha jugado gente sin escrúpulos con el dinero del crimen. Y aunque aún falta que la Cámara de Diputados la apruebe en lo general y en lo particular, esta minuta marca una intención clara: blindar al sistema financiero mexicano y cortarle el flujo a los grupos criminales desde la raíz.
Porque sí, la delincuencia organizada se combate con policías, pero también —y sobre todo— siguiéndole la pista al dinero.
Deja una respuesta