Reforma contra extorsión avanza en el Congreso

Por Bruno Cortés

 

A veces en política, las cosas suenan muy técnicas, pero lo que está en juego es tan real como las llamadas de amenaza que recibe una tienda, un taxista o un comerciante. Justo eso —la extorsión, ese delito que crece como plaga en muchas partes del país— fue el tema que movió a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales esta semana.

El diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena y presidente de dicha comisión, salió de la reunión con un mensaje claro: el Congreso ya aprobó el primer paso para armar una estrategia nacional contra la extorsión, y lo hizo reformando el artículo 73 de la Constitución. ¿Qué significa eso en español? Que el Congreso podrá crear una Ley General contra la Extorsión, con fuerza para aplicarse en todo el país, no solo en algunos estados.

Esta reforma no salió de la nada. Fue una iniciativa directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya tiene en mente un Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde uno de los puntos clave es frenar este delito que afecta a miles de personas cada día. Según datos del propio Congreso, la extorsión fue el único delito de alto impacto que no solo no bajó, sino que subió 21% en 2024.

Godoy no se anduvo con rodeos: “La extorsión es un cáncer que corroe nuestras bases sociales en México”, dijo. Y agregó que este tipo de leyes son necesarias para dar respaldo legal a lo que ya se planea desde el gobierno federal.

En palabras simples: sin reforma no hay ley, y sin ley no hay dientes para actuar de forma seria y coordinada contra quienes viven de amenazar y quitarle a la gente lo que es suyo.

El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión —algo que no pasa todos los días—, lo cual muestra que, al menos en este tema, todas las fuerzas políticas coincidieron: hay que hacer algo ya. Además, Godoy aprovechó para decir que así como se está construyendo consenso en este tema, también se buscará hacer lo mismo con otras reformas importantes que vienen, como la electoral, que será discutida con una comisión especial impulsada por la propia Sheinbaum.

Con esto, el Congreso entra a una nueva etapa: respaldar con leyes nacionales lo que antes quedaba en manos locales. Porque la extorsión no entiende de colores ni de partidos, pero sí se aprovecha de la impunidad.

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