Por Bruno Cortés
En el Congreso de la Unión, donde muchas veces las discusiones legales suenan lejanas y técnicas, esta semana se presentó una iniciativa que toca una herida profunda del país: el reclutamiento forzado. Ese fenómeno que en muchas regiones ocurre en silencio, pero que ha dejado una generación atrapada entre la violencia y el abandono.
El diputado Mejía Berdeja, con respaldo de su grupo parlamentario, propuso añadir un capítulo completo al Código Penal Federal para que este delito, hoy en la sombra, finalmente tenga nombre, castigo y reconocimiento como lo que es: una grave violación a los derechos humanos.
Hasta ahora, el reclutamiento forzado —eso de obligar o manipular a personas, sobre todo menores, para unirse a grupos criminales, redes de trata o actividades armadas— no está tipificado claramente como delito autónomo. Hay leyes que tocan el tema, sí, pero ninguna lo enfrenta de frente. Y mientras tanto, miles de niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes siguen siendo blanco fácil para organizaciones que saben explotar las debilidades del sistema.
La iniciativa propone penas de 10 a 20 años de cárcel, con agravantes si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años, tiene alguna discapacidad, es mujer embarazada, indígena, afrodescendiente o migrante. También si el agresor tiene una relación de poder o confianza con la víctima, como familiares, patrones o incluso autoridades de seguridad, justicia o fuerzas armadas. En esos casos, la condena podría aumentar hasta la mitad.
Pero eso no es todo. También se busca que el reclutamiento forzado sea considerado parte de la delincuencia organizada, lo cual abriría la puerta a investigaciones más profundas, con herramientas legales especiales para desmantelar estructuras criminales. Además, la ley propondría que las personas reclutadas a la fuerza no sean criminalizadas si fueron obligadas a delinquir. Porque, seamos claros, hay muchos chavos presos por delitos que nunca eligieron cometer.
Un punto clave del documento es su enfoque en la dignidad y el desarrollo humano. El diputado Mejía argumenta que reclutar a alguien, sobre todo a menores, no solo los arranca de sus comunidades y sus familias, también los rompe por dentro, destruye su proyecto de vida. Cita cifras de organizaciones como Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México, que estiman que al menos 30 mil menores han sido reclutados por grupos criminales en la última década.
El problema, dice el legislador, es que el término “reclutamiento” a veces se usa con ligereza, como si los jóvenes eligieran entrar a estas redes por gusto. Pero detrás hay amenazas, pobreza, falta de oportunidades y, muchas veces, abandono del Estado. Y es precisamente esa zona gris la que esta iniciativa quiere aclarar con leyes concretas.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia, y aunque falta todo el proceso legislativo —discusión, dictamen, votación— ya marca un paso importante para visibilizar un tema que, aunque presente en todo el país, pocas veces llega al centro del debate legal.
En palabras simples: por fin alguien en el Congreso está poniendo sobre la mesa que reclutar a la fuerza no es solo violencia, es crimen, y merece una respuesta clara, firme y humana desde las leyes del país.
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