Por Bruno Cortés
En México, subirse a una motocicleta es, para millones de personas, una necesidad. Es su forma de ir al trabajo, de ganarse la vida como repartidores o simplemente de moverse rápido en una ciudad saturada. Pero también es una ruleta rusa. Los accidentes viales son ya la cuarta causa de muerte en el país, y los más vulnerables no son los conductores de autos ni los peatones, sino quienes van sobre dos ruedas.
¿La razón? Muchos motociclistas llevan cascos falsos, de mala calidad o, peor aún, no llevan nada. Y ahí está el verdadero drama: un casco certificado puede reducir en un 40% la probabilidad de morir en un accidente y en un 70% el riesgo de sufrir lesiones graves, según datos internacionales. Pero ¿cuántos realmente tienen acceso a estos dispositivos? Pocos. Porque entre el precio, la falta de regulación y la desinformación, terminan en el mercado informal, comprando algo que solo «parece» un casco.
El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía en el Senado, lo dijo claro en un reciente evento titulado “Seguridad que salva vidas”: el problema es político, económico y social. Y necesita una respuesta igual de compleja. Planteó que es urgente generar una política pública que garantice el acceso a cascos certificados, a precios accesibles, y que, además, fomente la innovación en su diseño. O sea: que no solo sean seguros, también cómodos, funcionales y mexicanos.
Sí, mexicanos. Porque una de las ideas más interesantes que surgieron en el evento fue la posibilidad de crear un “casco hecho en México”, con sello nacional, accesible y certificado. Así lo dijo Gonzalo Peón, director del ITDP México, una organización experta en temas de movilidad. Imagina que en vez de importar cascos caros, México empiece a producir los suyos, adaptados a sus necesidades y contextos. Suena lógico y hasta estratégico para la economía local.
Y esto no es solo por seguridad, es también por justicia social. Lo explicó bien la diputada Patricia Mercado, quien destacó que el 33% de las personas que mueren en accidentes viales en México son motociclistas. Y muchos de ellos usan motos eléctricas o de bajo cilindraje, porque es lo único que pueden pagar. ¿No es responsabilidad del Estado protegerlos?
Los legisladores ya están trabajando en modificar las leyes que regulan este tipo de transporte. Buscan dejar atrás la idea de que las motos son peligrosas “por naturaleza” y avanzar hacia una visión en donde sean una herramienta de movilidad digna y segura, especialmente en zonas donde no llega el transporte público.
Y no es la primera vez que un país enfrenta este reto. Greig Craft, presidente de la Fundación Asia para la Prevención de Lesiones, compartió cómo en Vietnam vivieron un problema similar: millones de motociclistas sin casco, muchísimos niños muriendo en las calles. ¿La solución? Crear una fábrica sin fines de lucro que produjera cascos certificados a bajo costo. Lo presentaron como una “vacuna” contra una epidemia de muertes evitables. Y funcionó.
En México podríamos hacer lo mismo. Pero eso requiere voluntad política, coordinación entre industria, gobierno y sociedad civil, y sobre todo, dejar de ver la seguridad vial como un tema de tránsito o multas. Como lo dijo el propio senador Reyes Carmona, esto es salud pública, es desarrollo sostenible, y también es una responsabilidad política.
Porque la seguridad en las calles no se logra solo con campañas de concientización o policías de tránsito. Se logra cuando cada política pública —desde la producción hasta la regulación— se diseña pensando en salvar vidas.
Así que la próxima vez que veas a alguien en moto, piensa que ese casco que lleva puede ser la diferencia entre volver a casa o no. Y que detrás de ese simple objeto, hay todo un debate político que apenas comienza.
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