Por Bruno Cortés
En México, cuando la política se mete con tu derecho a saber, algo huele raro. Imagínate que alguien se mete a tu casa y empieza a revolver tus papeles importantes: tus contratos, tus recibos, hasta tus fotos familiares. Eso, más o menos, es lo que está pasando con los archivos del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia que durante años nos ayudó a saber qué estaban haciendo los gobiernos con nuestro dinero. Pues resulta que lo extinguieron, así nomás, y ahora su información pasará a manos de un nuevo ente: “Transparencia para el Pueblo”, que, irónicamente, no es autónomo y depende del mismo gobierno que se supone debe vigilar.
La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, alzó la voz y dijo con todas sus letras: esto es un retroceso y un golpe a nuestro derecho a saber. ¿Por qué? Porque si el nuevo organismo no tiene independencia, ¿quién garantiza que no escondan o borren lo incómodo? En conferencia desde el Senado, Ballesteros propuso una iniciativa para establecer protocolos que aseguren que esa información no se pierda, no se altere y siga siendo pública. Porque si no hay reglas claras, corremos el riesgo de perder datos clave sobre cómo y en qué se ha gastado el dinero público, quién firmó qué, y cuántas tranzas han salido a la luz gracias al INAI.
Según la diputada, estamos en riesgo de que se borren plataformas digitales completas. O sea, todo lo que estaba en línea podría desaparecer sin dejar rastro. Y eso es gravísimo, porque se pierde el acceso a herramientas que permitían a cualquier persona —sí, tú o yo— revisar contratos, licitaciones, o simplemente saber en qué se fue el presupuesto.
Además, Ballesteros propuso que haya un comité ciudadano para vigilar la transición. Una especie de “guardián del archivo”, para que nadie meta mano negra. Ese comité tendría que ser aprobado cada año por la Cámara de Diputados. Suena burocrático, sí, pero mejor eso a que los datos de corrupción terminen en la papelera digital del olvido.
Pero la diputada no se quedó solo en eso. Aprovechó para lanzar críticas duras al manejo de los tiempos legislativos por parte de Morena. Dijo que cuando al Ejército le urge una reforma, el Congreso se mueve “al tronido de los dedos”. Pero cuando se trata de mejorar condiciones laborales o publicar reformas que ya fueron aprobadas —como la de los salarios dignos para maestros y policías—, ahí sí el Senado se hace de la vista gorda. Mencionó al presidente del Senado, Fernández Noroña, por no publicar esta reforma que ya tenía luz verde.
Y ojo, también dejó clara su preocupación por el avance de la militarización en temas que deberían ser civiles, como la seguridad pública. Aunque vio con buenos ojos la nueva Ley General contra la Extorsión propuesta por la presidenta, dijo que Movimiento Ciudadano insistirá en fortalecer a las policías locales, las fiscalías civiles y los ministerios públicos, en lugar de seguir apostándole a los militares para todo.
Y por si fuera poco, también habló de otro tema que pega directo a la vida diaria: la gentrificación. Esa práctica de expulsar a la gente de sus barrios porque llegan desarrolladores a construir departamentos de lujo, elevando los precios. Ballesteros acusó que la Sedatu, la dependencia que debería coordinar la política urbana del país, está desaparecida y no ha cumplido su tarea. Denunció que las ciudades están creciendo sin sentido, empujando a las personas a las periferias donde no hay transporte ni servicios básicos.
Así que, en resumen: nos están cambiando el juego sin preguntarnos. Nos quitan el INAI, nos prometen otro organismo que no convence, el Congreso se mueve cuando conviene al poder, y mientras tanto, los ciudadanos comunes seguimos sin saber qué hacen con nuestro dinero, sin acceso pleno a justicia y transparencia, y hasta siendo empujados fuera de nuestras propias colonias.
Y todo esto sucede mientras los documentos que podrían servirnos para defendernos de la corrupción… peligrosamente están en manos del propio gobierno que deberíamos estar vigilando.
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