Por Bruno Cortés
La reciente aprobación de la Ley de Ciberseguridad en Puebla —conocida entre críticos como la “Ley Censura”— ha desatado una nueva fractura dentro del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el senador Enrique Vargas del Villar criticara abiertamente al dirigente estatal panista Mario Riestra por su ambigua postura frente a esta legislación.
Vargas, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, exigió que el dirigente poblano fije una posición clara y rechace abiertamente la ley, la cual —señaló— representa una amenaza directa a la libertad de expresión.
“No compartimos su posición. Esta ley debe ser rechazada por todos; el país no puede avanzar hacia una dictadura”, declaró el senador al ser cuestionado por medios nacionales.
Dirigencia bajo fuego: tibieza y división
Las declaraciones del legislador evidencian una creciente incomodidad dentro del PAN nacional ante lo que consideran una actitud «tibia» y acomodaticia de Riestra, quien no ha condenado de manera frontal la nueva ley aprobada en el Congreso local poblano.
“El Comité Ejecutivo Nacional debe evaluar el papel que está jugando y llamarle la atención. No se puede ser omiso ante una ley que atenta contra las libertades”, sentenció Vargas del Villar.
Fuentes del PAN han señalado que la postura del dirigente estatal ha generado molestia entre militantes y legisladores, quienes temen que su comportamiento dañe la imagen de un partido que históricamente ha defendido las libertades democráticas.
Riestra, en la mira por posibles intereses personales
Además de su falta de definición, Mario Riestra fue acusado por miembros del partido de actuar motivado por intereses personales, dejando de lado su responsabilidad como contrapeso político frente al oficialismo local.
Algunos legisladores lo han descrito como “débil, sumiso y condescendiente” ante temas de alto impacto social, lo que ha intensificado el debate interno sobre la urgencia de redefinir los liderazgos regionales dentro del partido.
¿Qué establece la “Ley Censura”?
La Ley de Ciberseguridad del estado de Puebla, aprobada en junio de 2025, tipifica delitos como el “ciberasedio”, castigando con hasta tres años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos a quienes emitan insultos, agravios u ofensas mediante redes sociales u otros medios digitales.
La polémica surge por la ambigüedad en los términos utilizados, como “insulto” u “ofensa”, los cuales podrían ser interpretados de forma arbitraria y abrir la puerta a la censura de la crítica legítima, especialmente hacia figuras públicas o autoridades.
Organismos civiles, periodistas y activistas han advertido que esta ley podría convertirse en una herramienta para reprimir la libertad de expresión en espacios digitales, al no definir con claridad los límites entre el discurso ofensivo y la crítica ciudadana.
Llamado a la coherencia panista
Las declaraciones de Vargas del Villar representan no solo su punto de vista personal, sino también el sentir de un sector amplio del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que ya analiza el comportamiento de su dirigencia local en Puebla.
Este nuevo capítulo de confrontación interna ocurre en un contexto donde la defensa de derechos fundamentales como la libre expresión podría definir la credibilidad del PAN de cara a próximos procesos legislativos y electorales.
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