Por Bruno Cortés
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, lanzó una crítica contundente a la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional (GN) impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advirtiendo que representa un paso más hacia la militarización institucional del país.
La propuesta legislativa, que ya fue aprobada en comisiones, busca consolidar jurídicamente la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de un proceso de armonización legal derivado de la reforma constitucional de septiembre de 2024.
Sin embargo, desde el Partido Acción Nacional, Romero Herrera fue enfático: “Desde Acción Nacional votaremos en contra porque convierte a una fuerza civil en un brazo armado permanente bajo el control total de la Sedena”.
Para el PAN, esta ley no solo contradice el espíritu de una Guardia Nacional de carácter civil y profesional, sino que también revierte avances democráticos al permitir que las tareas de seguridad pública queden bajo control militar, sin contrapesos ni supervisión efectiva por parte del poder civil.
Romero detalló que la iniciativa incluye disposiciones previamente invalidadas por la Suprema Corte de Justicia, como la vigilancia masiva sin orden judicial, operaciones encubiertas y geolocalización en tiempo real, medidas que —en su opinión— vulneran el derecho a la privacidad, la presunción de inocencia y los principios del debido proceso.
“El gobierno llama ‘armonización legislativa’ a lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, sin rendición de cuentas ni control democrático sobre el uso de la fuerza pública”, afirmó.
El dirigente panista también subrayó que el control parlamentario previsto en la ley es solo simbólico, sin facultades reales para supervisar o detener posibles abusos del uso de la fuerza. En ese contexto, acusó que la reforma viola la Constitución y contradice estándares internacionales sobre seguridad pública y derechos humanos.
Romero insistió en que su partido mantendrá una posición firme: defender el carácter civil de la Guardia Nacional, así como las libertades, el equilibrio de poderes y la democracia.
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