Por Bruno Cortés
Desde el Senado de la República y en plena sesión de la Comisión Permanente, los diputados del PAN salieron a decir lo que muchos piensan pero pocos dicen en voz alta: que el periodo extraordinario convocado para iniciar este 23 de junio no es otra cosa más que una avalancha de reformas con sello militar y sin freno ciudadano.
Y es que no son pocas las reformas que quieren sacar en ese paquete exprés —al menos 26— pero hay una que para el PAN es la más peligrosa: la reforma a la Guardia Nacional. Según el diputado Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario, no se trata de fortalecer la seguridad, sino de entregarle el control total del país a las Fuerzas Armadas. “Es un nuevo ejército con funciones civiles, pero sin transparencia ni rendición de cuentas”, advirtió.
El legislador no se guardó nada: dijo que las reglas del juego se están rompiendo porque no hay un proceso legislativo claro, no hay debate real, y los dictámenes —muchos de ellos aún desconocidos— se están cocinando en lo oscurito. “Nos prometieron una mesa de diálogo con Gobernación sobre la ley de telecomunicaciones y desapariciones forzadas, pero nunca hubo mesa, ni análisis, ni propuestas claras”, aseguró.
Uno de los temas más sensibles que encendió la alerta azul es el de los datos biométricos y la geolocalización. Lixa criticó que esta información pueda quedar en manos del Estado sin garantías claras de privacidad. “Hoy la cercanía con la ciudadanía está siendo reemplazada por la presencia militar. Ya no se trata de tener una patrulla, sino un uniforme verde olivo a la puerta de cada casa”.
Pero el PAN no se quedó sólo en los temas internos. También sacaron a relucir una preocupación que ya empieza a sonar fuerte: la intención del gobierno de enviar militares a los consulados de México en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. “Nunca habíamos visto algo así. En plena tensión con el gobierno estadounidense, ¿cómo vamos a mandar representantes sin experiencia diplomática y, además, con formación militar?”, cuestionó el diputado Federico Döring.
Y por si faltaba algo más, también acusaron que se quiere revivir figuras como las operaciones encubiertas, que ya han sido señaladas por la Suprema Corte como violatorias de derechos humanos. Es decir, permitir espionaje interno justificado por razones de seguridad. Para el PAN, eso es abrirle la puerta al autoritarismo.
En cuanto al manejo de cifras oficiales, tampoco se mostraron optimistas. Denunciaron que no se respetó el compromiso de revisar las estadísticas de homicidios y desapariciones que presentó la Universidad Iberoamericana, y que sin ese análisis serio, “las víctimas no van a encontrar justicia”.
En tono sarcástico pero directo, Lixa cerró con una crítica al ritmo legislativo impuesto por Morena y aliados: “parece que llegan al Congreso, toman el papel en la ventanilla y lo pasan directo al pleno, sin saber ni de qué trata. Pretenden desahogar en una semana todo lo que no hicieron en meses. No lo vamos a permitir”.
Así, entre acusaciones de militarización, opacidad, censura y hasta entreguismo diplomático, el PAN marca una postura clara: están en contra del periodo extraordinario y van a dar la pelea para evitar —según ellos— que México cruce una línea peligrosa entre seguridad pública y control autoritario. Porque, como dicen ellos, “lo que está en juego no es una ley, es el modelo de país que queremos ser”.
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