Por Juan Pablo Ojeda
En medio del debate por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los temas que ha pasado casi de puntitas es, quizá, el más humano de todos: ¿qué va a pasar con los trabajadores que llevan años sacando adelante al sector? Porque mientras en el papel se habla de eficiencia, reestructura y ahorro, del otro lado hay más de mil 200 personas que hoy no saben si van a seguir en el servicio público, si serán reubicadas o simplemente echadas a la calle.
El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, alzó la voz por ellos. Acompañado de trabajadoras y trabajadores del IFT, pidió con urgencia al Senado de la República que, antes de aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones, garanticen los derechos laborales de todo el personal que quedará en el limbo si no se aclaran las reglas del juego.
Monraz fue claro: no se oponen al cambio, pero sí a la incertidumbre. Porque los transitorios de la reforma que desaparece al IFT no explican con precisión si el personal será trasladado a la nueva Agencia Digital —que asumirá las funciones del Instituto— o si serán liquidados conforme a la ley. Y ahí es donde está el problema.
Durante años, estos trabajadores —algunos desde tiempos de la Cofetel— han acumulado experiencia y han ayudado a modernizar las telecomunicaciones en México. Gracias a ellos, la radio, la televisión y los medios digitales públicos y privados han podido avanzar, con reglas claras, más cobertura y mejor calidad. No son improvisados, son técnicos, abogados, ingenieros, especialistas en temas que no se aprenden en dos semanas.
El argumento oficial para desaparecer al IFT fue que se necesitaba un aparato más ágil y económico. Pero Monraz no dejó pasar el dato duro: el presupuesto de la nueva Agencia Digital es 60% mayor al del IFT. Entonces, si no es más barato y tampoco se garantiza el respeto a los derechos laborales, ¿qué tan buena es la solución?
El legislador panista dejó en claro que si el Senado no corrige esto, él presentará una propuesta como reserva en la Cámara de Diputados para que se incluyan medidas de protección laboral. Porque, dijo, no se trata sólo de derechos humanos, también de lógica institucional: no se puede prescindir del conocimiento y la experiencia construidos con dinero público, y que tanto le han servido al país.
Este llamado busca que el Congreso no repita errores del pasado, cuando se recortaban estructuras sin pensar en las personas. Porque más allá de siglas, agencias o reformas, hay familias que viven del trabajo de quienes hoy enfrentan un futuro incierto por una ley mal diseñada.
Y en un país que necesita mejores telecomunicaciones y medios públicos fuertes, parece un mal negocio dejar fuera a quienes ya saben cómo hacer las cosas bien.
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