Por Juan Pablo Ojeda
La oposición en el Congreso volvió a alzar la voz ante la creciente ola de violencia que atraviesa el país. Esta vez, la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) denunció lo que consideran una “crisis nacional de extorsión” bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, señalando que durante su administración se han registrado 7 mil 587 casos de este delito, según cifras oficiales.
El diputado panista Daniel Chimal García fue contundente al calificar la estrategia de seguridad de la mandataria como “débil y fallida”, y acusó a su gobierno de ignorar una realidad que mantiene a miles de ciudadanos en constante temor.
“La extorsión ya no es solo una llamada de advertencia. Es una amenaza real y creciente para el ciudadano a pie que ve su patrimonio acorralado”, denunció Chimal en conferencia de prensa.
Extorsión en aumento
El legislador blanquiazul detalló que febrero, marzo y mayo de 2025 fueron los meses más críticos, alcanzando un máximo histórico en marzo con 1,046 casos registrados. Chimal aseguró que estas cifras reflejan el fracaso de la política heredada por López Obrador de “abrazos y no balazos”, la cual, dijo, continúa debilitando a las fuerzas del orden.
Los estados más afectados, según el PAN, serían el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz, entidades que encabezan la lista de extorsiones en diversas modalidades, desde cobros por “derecho de piso” hasta amenazas telefónicas masivas.
Acusan a fiscalías controladas por Morena
A la crítica se sumó el vocero del GPPAN, Federico Döring Casar, quien fue más allá al señalar que la impunidad se ha disparado debido a la corrupción “incrustada” en las fiscalías estatales supuestamente controladas por Morena. A pesar de ello, reconoció que se han aprobado medidas como el bloqueo de señales en cárceles, aunque, en su opinión, aún es insuficiente.
“Han permitido que la extorsión florezca. Con el reciente paquete de leyes, esperamos al menos una contención parcial, aunque Morena sigue minimizando el problema”, agregó Döring.
Desde la oposición, se exige al gobierno federal y a las autoridades locales un cambio de rumbo inmediato en materia de seguridad pública, centrado en la aplicación firme de la ley y el fortalecimiento de las instituciones, dejando atrás los discursos y las estrategias pasivas.
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