Por Juan Pablo Ojeda
Ovidio Guzmán López, mejor conocido como “El Ratón” e identificado como uno de los líderes de la facción criminal Los Chapitos, se declaró culpable este jueves 11 de julio en una Corte federal de Estados Unidos por delitos graves relacionados con el narcotráfico. La audiencia se llevó a cabo en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, donde además se confirmó que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán colaborará como testigo en investigaciones abiertas en EE.UU.
Con un overol naranja y encadenado, Ovidio Guzmán apareció ante la jueza Sharon Coleman. Según el periodista Arturo Ángel, con voz temblorosa admitió su responsabilidad en cuatro cargos criminales: dos por participar en crimen organizado y dos más por conspiración para traficar drogas, entre ellas fentanilo, una de las sustancias más mortíferas en la actual crisis de opioides en Estados Unidos.
Durante la audiencia, Guzmán López también aceptó pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo judicial con las autoridades estadounidenses. Aunque reconoció que padece depresión y se encuentra medicado, aseguró que su decisión de declararse culpable fue tomada libremente y sin presión.
Este giro en el caso no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. El nombre de Ovidio se volvió un símbolo del poder de los cárteles tras el famoso “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando fue capturado por primera vez y posteriormente liberado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar un derramamiento de sangre en la capital sinaloense.
Su segunda detención ocurrió en enero de 2023, también en Culiacán, justo antes de la visita del entonces presidente estadounidense Joe Biden a México, para la Cumbre de Líderes de América del Norte. En septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos.
Ahora, con esta declaración de culpabilidad y su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, se abre una nueva etapa para los casos relacionados con el Cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán podría convertirse en una pieza clave para desentrañar redes criminales, rutas de tráfico y relaciones entre grupos del crimen organizado y funcionarios corruptos a ambos lados de la frontera.
El Gobierno mexicano, encabezado actualmente por Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta declaración. Sin embargo, se espera que el caso tenga repercusiones diplomáticas, judiciales y de seguridad en los próximos meses.
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