Ordenan prisión a Cárdenas Palomino por “Rápido y Furioso”

Por Juan Pablo Ojeda

 

Un Tribunal Federal con sede en Hermosillo revocó el auto de libertad dictado en favor de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y ordenó su auto de formal prisión por su probable omisión en el operativo “Rápido y Furioso”, ejecutado entre 2009 y 2011.

La decisión del Tribunal de Apelaciones contradice la resolución emitida a inicios de 2024 por la Jueza Noveno de Distrito en Sonora, quien había liberado a Cárdenas Palomino al considerar insuficientes los elementos probatorios. Con este nuevo fallo, los magistrados instruyeron su reaprehensión inmediata, aunque el exfuncionario ya se encuentra preso en el penal federal de Almoloya, Estado de México, por el delito de tortura.

Un operador clave en el esquema de seguridad calderonista

Cárdenas Palomino fue uno de los principales colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy en prisión en Estados Unidos. El nuevo proceso judicial apunta a su presunta responsabilidad por no haber intervenido ni alertado sobre la entrada de más de 2,000 armas de uso exclusivo del Ejército a territorio mexicano.

Dicho armamento formaba parte del polémico plan estadounidense “Rápido y Furioso”, diseñado por la agencia ATF (Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego), bajo la administración del expresidente Barack Obama. La idea era rastrear las armas mediante chips para identificar redes criminales, pero muchas de ellas terminaron en manos del Cártel de Sinaloa, siendo utilizadas en múltiples crímenes en México.

Tortura y montaje: el caso Vallarta-Cassez sigue abierto

Cárdenas Palomino también enfrenta acusaciones por tortura en el mediático caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, detenidos en 2005 bajo cargos de secuestro y presunta pertenencia a la banda de “Los Zodiaco”. El operativo fue transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca, y ha sido ampliamente documentado como un montaje televisado.

Aunque la ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada en 2013 por la Suprema Corte tras demostrarse violaciones a sus derechos, Israel Vallarta sigue preso desde hace casi 20 años.

Recientemente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reconoció en una conferencia que el caso fue un montaje. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que dicha afirmación no constituye una postura oficial, lo cual permite que el proceso contra Vallarta continúe.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 20/2021, también documentó que Vallarta y Cassez fueron detenidos un día antes del operativo televisado, lo que refuerza la hipótesis de manipulación judicial.

Impunidad, justicia y cuentas pendientes

La reaprehensión de Cárdenas Palomino —hombre clave del modelo de seguridad del sexenio de Felipe Calderón— reviva dos de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos y cooperación fallida en seguridad binacional. Ambos expedientes, “Rápido y Furioso” y “Vallarta-Cassez”, representan heridas abiertas en la justicia mexicana y en la relación bilateral con Estados Unidos.

Mientras García Luna enfrenta juicio en Norteamérica, el sistema judicial mexicano enfrenta el reto de desmontar estructuras de impunidad internas que aún operan bajo la sombra del pasado.

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