Por Bruno Cortés
Aunque no lo parezca, la política también se libra en la arena de lo personal. Esta semana, la diputada Xóchitl Arzola Vargas, de Morena, organizó el Encuentro Nacional #NingúnAgresorEnElPoder, una especie de llamado urgente —y directo— para revisar si de verdad estamos haciendo lo necesario para evitar que hombres con antecedentes de violencia, acoso o incluso feminicidio ocupen cargos públicos en México.
Todo esto se dio en el contexto del segundo aniversario de la llamada “Ley 3 de 3” contra la violencia, una reforma constitucional que impide que personas con sentencias por violencia familiar, de género o que sean deudores alimentarios puedan ser candidatos a un puesto público. Y no solo eso, también se amplió el catálogo de sanciones: violencia política de género, acoso laboral, hostigamiento, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio ahora también son motivo para decirles: “tú aquí no entras”.
Parece obvio, ¿no? Pero como bien lo señalaron las ponentes del evento, la realidad no es tan clara. La ley existe, sí, pero aún hay funcionarios, candidatos y políticos con denuncias —y hasta sentencias— que siguen campantes, blindados por sus partidos, por los vacíos legales o por una omisión institucional que, en los hechos, los protege.
Arzola fue contundente: “las mujeres viven bajo un sistema de dominación y opresión institucionalizada”, donde la violencia no siempre es visible. No se trata solo de golpes o insultos. La violencia simbólica también lastima. Esa que ocurre en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde se cuestiona a una mujer por alzar la voz, por ocupar espacios, por decir que no.
Esta diputada no habló desde lo abstracto. Señaló que muchas mujeres, sobre todo las más pobres, siguen sin acceso a educación, empleo digno o una vida libre de violencia. Y aunque el sistema político ha avanzado en cuotas y paridad, todavía hay algo que se resiste a cambiar: el poder como refugio de impunidad.
Por eso el llamado que lanzó desde el Congreso fue claro: necesitamos que todas las autoridades —desde los gobiernos estatales hasta los municipales— apliquen la “Ley 3 de 3” sin excepciones ni pretextos. No se vale que partidos postulen a agresores, ni que instituciones los protejan, ni que los expedientes se congelen cuando se trata de “alguien importante”.
Verónica Palafox, fundadora de Las Constituyentes Mx Feministas, fue directa: “no se puede decir que llegamos todas, cuando el sistema sigue permitiendo que lleguen también los agresores”. No basta con que una mujer esté en la boleta si el que va a su lado es un violentador.
Lo que se discutió en este encuentro va más allá de un evento protocolario. Se está dibujando una hoja de ruta para las próximas batallas legislativas feministas, y para dejar claro que la lucha contra la violencia no es moda ni es discurso: es una urgencia cotidiana y permanente.
Porque al final, lo que se está disputando no es un cargo más. Es la posibilidad de que la política deje de ser un lugar seguro para quienes dañan, violentan o abusan. Y eso, en una democracia que se dice igualitaria, ya no debería ser negociable.
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