Por Bruno Cortés
En México, cuando una persona desaparece, muchas familias enfrentan un doble calvario: el dolor de la ausencia y la indiferencia de las autoridades. Esta vez, quien alzó la voz desde el Congreso fue el diputado José Narro Céspedes, de Morena, al urgir una investigación seria sobre la desaparición de Saray Yanely Castro Luna, una joven de apenas 19 años originaria de Los Guajes, en Mezquital del Oro, Zacatecas.
La historia es tan alarmante como tristemente común. Saray Yanely estudiaba el último año de prepa y, según narró su familia, vivía con un diagnóstico de psicosis. El 6 de junio salió de su casa sin avisar, y desde entonces, no han vuelto a saber de ella. Rastrearon sus pasos con lo poco que deja la tecnología: primero fue rumbo a Guadalajara, luego llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México, y supuestamente iba a tomar un vuelo a Perú. Pero después de eso, silencio total.
Lo más grave, señaló Narro Céspedes, es que la Fiscalía General de la República no ha querido abrir una carpeta de investigación, pese a que hay indicios claros de que podría tratarse de un caso de trata de personas. Lo único que ha recibido atención es por parte de la Fiscalía capitalina. “No puede ser que con todas las alertas que hay, la FGR no quiera intervenir. Aquí hay vidas en juego”, dijo el diputado.
La joven, al parecer, fue enganchada por redes sociales por personas de nacionalidad argentina. Esta es una práctica cada vez más común: personas que, desde el anonimato digital, se aprovechan de la vulnerabilidad de otras, muchas veces menores de edad, para captarlas con fines de explotación.
Junto con la familia de Saray, el legislador ofreció una rueda de prensa en la que también participó la activista Frida Gómez, quien puso el dedo en la llaga: ¿por qué las familias tienen que viajar hasta la Ciudad de México para ser escuchadas? ¿Por qué las autoridades locales no están capacitadas —o interesadas— en seguir los protocolos?
Y eso es lo que más duele: el protocolo existe. Está escrito, aprobado, y se supone que las autoridades deberían usarlo en casos como este. Por ejemplo, si se sospecha que una persona está siendo trasladada con fines de trata, se debe notificar a aerolíneas y puertos para intervenir a tiempo. Nada de eso se hizo.
El caso de Saray no es único, pero sí urgente. No es sólo una adolescente que se fue de casa: es una joven en riesgo, con una condición médica, que puede estar en manos de personas que lucran con vidas humanas. Y aunque la ley dice que todas las desapariciones deben tratarse con seriedad, la realidad muestra otra cosa: mientras más lejos vivas del centro, menos probabilidades tienes de que alguien te escuche.
Por eso, la exigencia de Narro Céspedes y de quienes lo acompañaron es clara: que se abra una investigación federal, que se use todo lo que se tiene para encontrar a Saray y que se empiece a aplicar, de verdad, el protocolo para víctimas de trata.
Porque cuando una joven desaparece, el reloj corre en su contra. Y lo mínimo que puede hacer el Estado es buscarla como si fuera su propia hija.
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