Por Bruno Cortés
Cuando se habla de corrupción inmobiliaria en México, ya no es solo una sospecha, sino una madeja que cada vez tiene más hilos sueltos. Y uno de esos hilos apunta directo al corazón del PAN. Esta semana, el diputado Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en San Lázaro, anunció que presentará un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados cree una comisión especial de investigación sobre el llamado “cártel inmobiliario”, un esquema que, según él, involucra a servidores y exservidores públicos en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
¿Y quién está en el centro de este escándalo? Nada menos que Jorge Romero Herrera, hoy presidente nacional del PAN y exjefe delegacional en Benito Juárez entre 2012 y 2015. Ávila Anaya dijo que hay alrededor de 28 expedientes abiertos que apuntan a una red de corrupción donde constructoras habrían entregado sobornos a cambio de permisos o favores.
Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, el diputado no se anduvo con rodeos: aseguró que en 2020 una misteriosa inundación destruyó archivos clave que podrían haber sido pruebas contra Romero Herrera. Lo más curioso es que el propio diputado panista Federico Döring –también involucrado en el escándalo– admitió en un debate en Radio Fórmula que esos documentos se perdieron, aunque luego intentó minimizar el hecho.
El tema ya ha generado reacciones. Santiago Taboada, también del PAN y exalcalde de Benito Juárez, ha negado todo desde hace meses, pero Morena no planea soltar el caso, sobre todo porque, según Arturo Ávila, hasta Felipe Calderón lo menciona en uno de sus libros. Así que no es un invento nuevo ni un pleito de coyuntura.
También se habló de una investigación por 350 millones de pesos que habrían sido depositados en cuentas de personas cercanas al entonces delegado Romero. Ya hay 13 personas procesadas y 4 sentenciadas en relación con esta red, lo que demuestra que el caso tiene carne y no es solo fuego político.
La propuesta del diputado plantea que la comisión esté integrada por 15 legisladores de todos los partidos y tenga 180 días para presentar un informe con hallazgos y recomendaciones. Es decir, Morena quiere que esta investigación no se quede en escándalo mediático, sino que se formalice en el Congreso.
En resumen, este movimiento es un paso más en la estrategia de Morena para mantener la presión sobre el PAN en la capital, justo cuando empieza a calentarse la discusión política rumbo al 2027. Pero más allá del pleito partidista, lo que está en juego aquí es la credibilidad de las instituciones locales y la posibilidad de que, por fin, se le ponga lupa a un esquema que por años operó con total impunidad.
La pregunta es si los demás partidos van a apoyar esta comisión o van a bloquearla para proteger a los suyos. Porque cuando se habla de corrupción, todos dicen estar en contra… hasta que el acusado es del mismo color.
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