Por Bruno Cortes
Imagínate que un día llegas a tu casa o tu terreno, y alguien más ya se adueñó de él. No es un invento, pasa más seguido de lo que creemos. De eso trata el delito de despojo, que en palabras simples es cuando alguien se mete en un terreno, casa o propiedad que no es suya y decide quedarse ahí por la fuerza o con tranzas legales. Este tipo de abuso tiene años ocurriendo, pero lo peor es que en muchos casos los responsables no pisan la cárcel… al menos no de inmediato.
La diputada Dionicia Vázquez García, de Morena, está decidida a cambiar eso. Por eso presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución y que el delito de despojo amerite prisión preventiva oficiosa. Esto significa que, si alguien es acusado formalmente de cometer este delito, tendría que quedarse en prisión mientras se lleva el juicio, sin posibilidad de llevar el proceso en libertad.
¿La razón? Según la legisladora, este tipo de crimen es más grave de lo que parece. No solo deja a personas sin su patrimonio, también pone en riesgo su seguridad, su estabilidad y su dignidad. Peor aún: afecta especialmente a gente vulnerable como adultos mayores, comunidades indígenas, familias pobres o personas desplazadas por violencia. Y lo más delicado: muchas veces hay autoridades metidas en el problema, ya sea por omisión o por colusión directa.
El fenómeno no es menor ni está aislado. En la Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, se concentra más del 30% de todas las denuncias por despojo en el país. Y hay estudios que muestran que en varios municipios el incremento de este delito va de la mano con el aumento de homicidios, lo cual sugiere que muchas veces están involucradas redes criminales organizadas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se discutirá si se suma o no este delito al catálogo de los que ameritan prisión preventiva automática. Actualmente, ese catálogo incluye crímenes como el homicidio doloso, secuestro o trata de personas. Incluir el despojo pondría el foco en un delito que hasta ahora ha pasado más o menos desapercibido en el debate nacional, pero que tiene consecuencias muy reales en la vida de miles de personas.
Vázquez García argumenta que muchos de los acusados reinciden, intimidan testigos o utilizan vacíos legales para evadir la justicia, y que por eso es necesario este candado legal. Su objetivo, dice, es recuperar la confianza de la gente en las instituciones y demostrar que el Estado puede proteger el patrimonio de sus ciudadanos frente a este tipo de abusos.
Porque al final del día, se trata de algo básico: que nadie pueda quitarte lo que es tuyo y salirse con la suya. Eso, más que una reforma legal, es una deuda pendiente con la justicia.
Deja una respuesta