Por Bruno Cortés
En San Lázaro las cosas no están claras, y eso —cuando hablamos de leyes de seguridad e inteligencia— debería preocupar a todos. Ayer, en medio de una sesión extraordinaria y con documentos que apenas acababan de aparecer en la Gaceta Parlamentaria, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, levantó la voz: «esto es un enredo y un albazo», dijo sin rodeos.
La historia va así: la Comisión de Seguridad Ciudadana ya había aprobado unos dictámenes sobre dos temas delicadísimos —la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia—. Pero de pronto, sin mucho aviso, se publicaron modificaciones a esos dictámenes. ¿El detalle? 480 páginas, firmadas por sólo 6 de los 18 integrantes de la Mesa Directiva. No hubo consenso, ni revisión seria, según acusa Moreira.
El PRI no se anda con rodeos: esto, dicen, no solo cambia el contenido de lo que ya se había aprobado en comisión, sino que lo transforma radicalmente, y sin debate real. Para Moreira, el proceso recuerda a prácticas autoritarias: lo llama “albazo propio de países fascistas”. Sí, así de fuerte.
Pero más allá del procedimiento —que ya de por sí es cuestionable— lo grave es el fondo. Según el legislador, estas nuevas versiones de las leyes crean un marco legal para una vigilancia masiva al estilo “Gran Hermano”, como en la novela de Orwell. Habla de que las autoridades podrán ubicar en tiempo real a cualquier persona, saber con quién está, qué teléfonos hay a su alrededor y almacenar esa información sin muchas restricciones. Lo compara con estructuras como la Stasi o la Gestapo, policías secretas de regímenes totalitarios. Duras palabras, pero que reflejan lo que está en juego: el derecho a la privacidad.
Y eso no es todo. Se crearían comités de investigación dominados por el gobierno federal, eliminando gran parte de la colaboración con los estados. Para el PRI, este nuevo modelo concentra demasiado poder en manos de la Federación, sin contrapesos claros, sin reglas firmes para proteger a los ciudadanos de abusos.
Por eso Moreira ya adelantó: su bancada votará en contra, buscarán frenar el proceso con mociones suspensivas y, si no logran pararlo aquí, advierten que llevarán el caso a tribunales internacionales. Porque, dicen, en México ya no hay camino para la justicia, al menos no desde el Congreso ni desde la Corte, que también acusan de estar cooptada.
Y como si todo esto fuera poco, el diputado también soltó una bomba sobre la reforma electoral que viene: según él, hay intención de desaparecer a partidos políticos “incómodos”, incluyendo al PT y al PVEM, usuales aliados de Morena. Eso abre una lectura aún más preocupante: ¿se busca controlar todo, incluso a los propios aliados?
La tensión está en el aire. Lo que se vota no es un simple cambio de leyes, sino el rumbo de cómo el Estado mexicano se relaciona con sus ciudadanos. ¿Queremos más seguridad a cambio de menos libertad? ¿O estamos cruzando una línea que no deberíamos?
Como siempre en la política, lo técnico se esconde entre cientos de páginas… pero el impacto puede llegar directo a tu celular, tus llamadas o tus movimientos. Literalmente.
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