Por Juan Pablo Ojeda
El juicio de amparo, ese recurso legal que ha servido durante más de un siglo como escudo contra los abusos del poder, está a punto de renovarse. Y no es poca cosa. Según el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el Congreso se alista para entrarle a una reforma profunda a la Ley de Amparo, con la idea de hacerla más clara, más útil y, sobre todo, más justa.
En un artículo que publicó en sus redes sociales, Monreal explica que uno de los cambios clave será ajustar la figura del interés legítimo, ese mecanismo que desde 2011 permite a personas sin un derecho formal acudir a tribunales si demuestran que una acción del gobierno les afecta de forma real. Este avance fue un parteaguas en su momento, porque abrió la puerta a muchas personas y colectivos que antes no tenían cómo defenderse jurídicamente, aunque estuvieran sufriendo las consecuencias de malas decisiones públicas.
El problema, señala Monreal, es que con el paso del tiempo este “interés legítimo” se ha usado de forma ambigua o excesiva. En algunos casos, se han admitido amparos por razones poco sólidas o sin afectaciones claras, lo que ha sobrecargado a los tribunales y debilitado la seriedad del juicio de amparo. Así que la propuesta del Congreso es ponerle reglas más precisas al juego.
La idea no es cerrar la puerta a quienes realmente necesitan justicia. Todo lo contrario. El objetivo es distinguir entre casos que sí merecen protección jurídica y otros que son solo inconformidades generales o suposiciones sin base legal sólida. Es decir, si una persona quiere ampararse, debe demostrar que realmente le afecta una ley o decisión de manera concreta, actual y distinta a la mayoría. No basta con estar “molesto” o en desacuerdo.
En otras palabras, la reforma busca que el amparo siga siendo ese instrumento de defensa contra actos arbitrarios, pero sin que se convierta en un recurso fácil o confuso. Y es que, como recuerda Monreal, el juicio de amparo no es una queja ciudadana, es una vía legal con consecuencias reales.
La propuesta también prevé que si alguien gana un amparo, el beneficio tiene que ser real, directo y comprobable, no una posibilidad remota o teórica. No se trata de hacer castillos en el aire jurídicos, sino de resolver problemas concretos.
Este ajuste, aunque suena técnico, tiene mucho que ver con algo que a veces olvidamos: el acceso a la justicia no es solo tener leyes buenas, sino que sean claras, aplicables y eficaces para todos. Y en un país con tanta desigualdad, que las reglas sean claras es casi tan importante como que existan.
La reforma también ayuda a poner límites entre diferentes tipos de interés: el legítimo, el colectivo y el simple. Muchas veces estos conceptos se han mezclado y han generado confusión en los tribunales. Con esta iniciativa, se trata de ordenar el terreno sin cerrarlo, permitiendo que las juezas y jueces sigan interpretando caso por caso, pero con una base legal más firme.
Para Monreal, esta discusión no es solo de abogados ni de tribunales. Tiene que ver con cómo queremos que funcione la justicia en México. Porque si el juicio de amparo va a seguir siendo útil, debe estar a la altura de los desafíos actuales: una ciudadanía más participativa, más informada y más exigente.
Así que sí, lo que se viene en el próximo periodo legislativo no es cualquier reforma. Es una cirugía mayor al corazón del sistema de justicia constitucional mexicano. Y aunque el juicio de amparo lleva más de un siglo protegiendo derechos, hoy toca proteger al propio amparo para que siga sirviendo a quien de verdad lo necesita.
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