Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este martes que México no ha aceptado convertirse en un tercer país seguro para recibir migrantes extranjeros deportados por Estados Unidos.
“No hemos aceptado ser país tercero”, aseguró la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que permite al gobierno de Donald Trump ejecutar deportaciones rápidas a terceros países.
Sheinbaum explicó que, si bien México acepta a personas trasladadas por razones humanitarias, estos migrantes son enviados a sus países de origen si así lo solicitan. “Tenemos que recibirlos y enviarlos, si es su deseo, a su país”, puntualizó.
¿Qué implica el fallo de la Corte Suprema?
La resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, aprobada el lunes, otorga a la administración de Trump facultades para deportar rápidamente a migrantes a países que no sean necesariamente los suyos de origen, siempre que estos países los acepten como destino.
Este mecanismo ha sido criticado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes aseguran que viola el derecho al debido proceso y expone a los migrantes a situaciones de riesgo.
¿México ha recibido migrantes deportados?
Desde el 20 de enero de 2025, fecha en que Trump asumió su segundo mandato, México ha recibido 65,475 personas deportadas, de las cuales 59,747 son mexicanas y 5,728 extranjeras. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que no se trata de una aceptación formal para convertirse en un país de acogida para terceros.
“Estados Unidos tiene acuerdos con prácticamente todos los países para enviar repatriados de manera directa”, explicó la presidenta, indicando que México no forma parte de un pacto para recibir migrantes de otras nacionalidades de forma permanente.
El contexto migratorio bajo Trump
El mandatario republicano ha intensificado su política migratoria con el objetivo de expulsar a más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en territorio estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones y cuestionado su legalidad, especialmente por la omisión de audiencias judiciales y el trato a los solicitantes de asilo.
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