Por Bruno Cortés
En un país donde las leyes muchas veces tardan en ponerse al día con la realidad, esta semana se dio una buena noticia para quienes han vivido bajo el estigma y la criminalización por vivir con VIH. El diputado Jaime López Vela, de Morena, se paró frente a los medios para decir algo que se venía esperando desde hace años: la Secretaría de Salud dio luz verde para derogar el delito de «peligro de contagio» del Código Penal Federal. ¿Qué significa eso en español claro? Que el Estado mexicano está cada vez más cerca de dejar de tratar como criminales a las personas que viven con VIH.
Esta figura legal, creada hace décadas, pretendía castigar a quienes “pusieran en peligro la salud de otros” al tener una enfermedad transmisible. Suena razonable, pero en la práctica ha servido más para discriminar que para proteger. ONU SIDA, el organismo internacional que marca la pauta en políticas contra el VIH, ha sido claro: criminalizar a las personas que viven con el virus no ayuda, al contrario, aleja a la gente de los servicios de salud, del diagnóstico temprano y del tratamiento. En lugar de avanzar, retrocedemos.
Por eso López Vela presentó en 2024 una iniciativa para borrar de una vez por todas ese delito del Código Penal. Y aunque ya había sido avalada por la Comisión de Justicia en la Cámara, faltaba una pieza clave para que subiera al Pleno: la opinión de la Secretaría de Salud. Esa pieza llegó esta semana. La Dirección Jurídica de la Secretaría, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, dio su respaldo a la propuesta. En otras palabras, la nueva administración federal considera que ese delito debe desaparecer porque estigmatiza y no ayuda en nada a atender mejor la pandemia del VIH.
Esta iniciativa no es solo una idea suelta; forma parte de un nuevo modelo de atención al VIH que están construyendo con el CENSIDA. Se busca dejar atrás el modelo punitivo, que genera miedo, para pasar a uno de salud pública que acompañe, que prevenga y que trate. Porque, como bien saben quienes trabajan en esto, el VIH no se combate con miedo, sino con información, acceso a servicios y cero discriminación.
La conferencia de prensa donde se dio este anuncio no fue casual: ocurrió en el marco del Mes del Orgullo. Ahí también estaban Almendra Negrete, secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena, y Alejandro Pizano, del gobierno de Colima, un estado que se ha convertido en ejemplo nacional en temas de diversidad. En Colima ya derogaron este delito el año pasado y han avanzado fuerte en el acompañamiento a personas trans para su identidad legal. Como dijo Pizano: “Colima es el estado más pequeño, pero grande en su reconocimiento a la diversidad”.
También se aprovechó el momento para hablar de lo que viene: la Copa LGBT 2025, con más de dos mil atletas de todo el país, y una celebración que va más allá del deporte. En la próxima marcha del Orgullo en Ciudad de México habrá bodas igualitarias y trámites de identidad de género. El gobierno capitalino abrirá un espacio para que el amor y la identidad tengan su lugar legal y simbólico. Y López Vela no se guardó nada: él mismo apadrinará a una pareja que viajó desde Puerto Vallarta para casarse.
Pero no todo fueron buenas noticias. El diputado también reprobó los ataques verbales que lanzó la senadora Lili Téllez (PAN) contra personas LGBT durante un foro en el Senado. Dijo claro que no sorprende, porque es el mismo discurso de odio de siempre, disfrazado de libertad de expresión. Y lanzó un dardo directo: “Muy ‘gay friends’, dicen, pero a la hora de votar, demuestran lo contrario. No tienen que salir del clóset, ya viven fuera del clóset de la intolerancia”.
Este tipo de declaraciones no son solo frases fuertes: son un llamado de atención a que el avance legal debe ir acompañado de un cambio cultural. No basta con derogar leyes, hay que desmontar los prejuicios que las hicieron posibles.
Así, mientras algunas voces gritan desde la ignorancia, otras desde el Congreso buscan dar pasos concretos para que vivir con VIH no sea un delito, y para que amar o ser diferente no sea una sentencia de exclusión. La pelota está en la cancha del Pleno. Y si todo avanza, México podría saldar una vieja deuda con la justicia y la dignidad.
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