Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de Economía aceptó formalmente el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, al detectar indicios de que estos productos se venden en el mercado mexicano a precios inferiores a su valor normal. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y marca un nuevo capítulo en la relación comercial bilateral.
El procedimiento se da en un contexto económico delicado, caracterizado por las tensiones comerciales acumuladas desde 2025, tras la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense y en medio de la revisión de medio término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque la investigación no implica sanciones inmediatas, sí envía una señal clara sobre la postura de México frente a posibles prácticas desleales.
De acuerdo con el documento oficial, el periodo investigado por presunto dumping comprende del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. En paralelo, el análisis del daño a la industria nacional abarcará un lapso más amplio, desde abril de 2022 hasta marzo de 2025, con el fin de evaluar los efectos acumulados de las importaciones en los productores mexicanos.
La solicitud para iniciar el procedimiento fue presentada por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), organización que representa a productores de una de las principales zonas manzaneras del país. Chihuahua, además de concentrar una parte relevante de la producción nacional, ha señalado desde hace años afectaciones por la competencia de manzana importada desde Estados Unidos.
Como parte del análisis preliminar, la Secretaría de Economía calculó los costos de producción de tres variedades de manzana estadounidense con base en información aportada por la Unifrut. Al comparar estos costos con los precios promedio de exportación hacia México, la autoridad encontró que las importaciones se realizaron por debajo de los costos estimados, lo que constituye un indicio de dumping conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales.
El inicio de la investigación no implica, por ahora, la aplicación de medidas comerciales, pero abre la posibilidad de imponer cuotas compensatorias si se confirma la existencia de prácticas desleales y daño a la industria nacional. Incluso, la ley permite que estas medidas se apliquen de manera retroactiva hasta 90 días antes de la imposición de medidas provisionales.
La Secretaría de Economía notificará a las partes interesadas, incluidos productores y exportadores estadounidenses, para que presenten pruebas y argumentos durante el procedimiento. El caso se suma a otros diferendos en el sector agroalimentario y pone a prueba el equilibrio comercial entre ambos países bajo el marco del T-MEC.
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