Por Juan Pablo Ojeda
En Baja California Sur la cosa está que arde, pero no por el sol ni por las playas. Esta vez, el fuego viene del mar y lo encendieron los barcos de pesca industrial que han comenzado a invadir las costas del estado. La bronca es seria: los pescadores ribereños y deportivos dicen que su forma de vida está en riesgo porque estos gigantes del mar arrasan con todo, incluso con especies en veda. Y ahora, el Congreso ya volteó a ver el problema.
El diputado Luis Armando Díaz, del PT, salió a respaldar a las comunidades pesqueras que llevan rato alzando la voz. En conferencia de prensa, rodeado de cooperativas, pescadores deportivos, carnaderos, empresarios del sector y hasta el director municipal de Pesca, Díaz dijo algo muy claro: “no estamos en contra de la pesca industrial, pero sí pedimos que se respete la sustentabilidad y que haya orden”.
El punto es que los barcos de alto calado —esas moles flotantes con redes gigantes y tecnología de arrastre— están pescando a muy poca distancia de la costa. Esto, según los pescadores locales, no sólo pone en riesgo el equilibrio ecológico del mar, sino que también deja sin trabajo a quienes pescan con redes sencillas desde una panga. No es sólo un tema económico, es de justicia y de respeto a una actividad que ha sostenido por generaciones a comunidades enteras.
Luis Armando Díaz propuso que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), junto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el gobierno estatal, sean quienes sienten a las partes en una mesa de trabajo para construir un gran acuerdo. Porque si esto sigue así, no habrá ni peces ni pescadores en unos años.
Roberto Carlos Almanza, el director municipal de Pesca, fue más directo: “esto no es competencia, es una sentencia”. Y no le falta razón. Dice que los grandes barcos operan sin vigilancia, sin límites y sin respetar temporadas de veda, lo que significa que se están llevando hasta lo que no deberían. Mientras tanto, los pescadores locales cumplen con permisos, limitaciones y siguen viendo cómo regresan con redes vacías.
La solución que se plantea no es tan complicada: establecer una zona de exclusión de al menos 50 millas náuticas para que estos barcos no operen tan cerca de la costa. Es decir, que se alejen lo suficiente para que la pesca ribereña y deportiva pueda seguir existiendo.
Y ojo, no estamos hablando sólo de romanticismo o tradición: la pesca deportiva en Baja California Sur deja una derrama económica de mil 875 dólares por viaje. Es turismo, es inversión, es trabajo para restaurantes, hoteles, mecánicos, gasolineras. Es una industria completa que depende de que haya peces en el mar.
El mensaje fue claro: no se trata de prohibir, sino de convivir con reglas claras y justas. Si no se regula el tamaño del pez (y del barco), la balanza se rompe. Y ya se está rompiendo.
Así que ahora la pelota está en la cancha de las autoridades federales. Lo que está en juego no es sólo el futuro de la pesca artesanal, sino la vida de comunidades enteras que, con todo y sol, están viviendo días muy nublados en sus costas.
Deja una respuesta