Por Bruno Cortés
Mientras muchos seguimos con nuestra vida cotidiana sin ver más allá del tráfico o la próxima quincena, en México, miles de personas —principalmente mujeres y niñas— viven atrapadas en una pesadilla que parece invisible para la mayoría: la trata de personas. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, lo dijo claro y sin rodeos durante un foro en San Lázaro: el 82.8% de los delitos relacionados con la trata de personas quedan impunes. Es decir, ni castigo ni justicia. Y eso, en palabras llanas, es como darle carta blanca a los criminales para seguir explotando vidas.
Sandoval no solo soltó el dato y ya; explicó que esta impunidad podría ser todavía mayor si se toma en cuenta la famosa «cifra negra», es decir, los casos que nunca se denuncian. Y la ONU tiene una estimación espeluznante: por cada víctima rescatada, hay otras 20 que siguen atrapadas en la red del crimen organizado. Si eso no estremece, poco lo hará.
Ahora, pongamos los pies en la tierra: ¿por qué no se puede hacer más? ¿Por qué no se frena esto? La respuesta es tan vieja como frustrante: falta de presupuesto. El dinero público no solo sirve para construir carreteras o dar apoyos; también es vital para aplicar las leyes, capacitar a policías, apoyar a las víctimas, y sobre todo, para sostener las instituciones que deberían estar combatiendo esta tragedia.
Y aquí hay algo importante que no muchos saben: el calendario del dinero público ya cambió. Los diputados ahora tienen hasta el 30 de junio para gestionar los recursos, porque el paquete económico se entrega el 9 de septiembre. Traducido: si quieren que haya dinero para combatir la trata en 2026, el momento de pedirlo es ahora.
Durante el foro, se dejó claro que la trata no es un problema lejano o ajeno. México es país de origen, tránsito y destino para este delito. Y aunque el crimen tiene muchas formas, la más común es la explotación sexual, sobre todo de mujeres y niñas. Casi tres de cada cuatro niñas víctimas de trata son utilizadas con estos fines. Es una realidad cruel que muchas veces se esconde tras anuncios de “trabajo fácil”, promesas falsas o simplemente a la fuerza.
Ixchel Yglesias, una investigadora que lleva años estudiando el tema, explicó que se está armando una agenda integral para enfrentar esta situación. Pero ojo: una agenda no es una varita mágica. Es una guía de acción que el gobierno puede (y debe) seguir, siempre que haya voluntad política y, otra vez, dinero suficiente.
En resumen, el mensaje que se dejó en San Lázaro fue directo: sin presupuesto, la lucha contra la trata es pura simulación. Porque no basta con tener leyes —que además, como dijo el abogado Mario Uribe, están mal hechas y son difíciles de aplicar— si no hay recursos para llevarlas a la práctica. Es como tener una ambulancia sin gasolina.
Lo que se necesita, insisten los expertos, es una política pública real y dinámica, que entienda que esta red criminal se adapta y muta todo el tiempo. No sirve una solución rígida ni parchada. Hay que pensar en grande: reparación del daño, atención psicológica, becas, salud, capacitación, y también algo más complejo pero muy necesario: justicia restaurativa. Un modelo que busca sanar no solo a las víctimas, sino también fortalecer a la comunidad para que esto no se repita.
Y aquí viene la parte incómoda: todo esto se puede hacer. México tiene las herramientas, el talento académico y social, e incluso la experiencia. Lo que falta —y es justo lo que denunció Sandoval— es voluntad para mover el presupuesto hacia donde realmente se necesita.
Porque mientras no se tomen decisiones valientes desde el Congreso, la trata seguirá operando en silencio, como un cáncer que se disfraza de normalidad. Y cada día que pase sin actuar, es otro día en que alguien pierde su libertad, su dignidad… o su vida.
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