Por Bruno Cortés
En una ciudad donde vivir cerca del trabajo, la escuela o el transporte público se ha vuelto un privilegio y no un derecho, la diputada Laura Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano) lanzó una propuesta que busca cambiar las reglas del juego. La idea es simple, pero profunda: que el gobierno de la Ciudad de México se siente con los desarrolladores urbanos y haga un nuevo trato para construir viviendas que no solo sean baratas, sino también sostenibles y bien ubicadas. Porque, como ella misma lo dijo, “¿de qué sirve tener casas vacías en la periferia si la gente necesita vivir en la ciudad?”.
Esto no es solo un discurso bien armado. La propuesta viene justo después de las protestas contra la gentrificación que se desbordaron el viernes pasado con violencia e incluso expresiones xenófobas contra extranjeros que viven en colonias como Roma, Condesa o Santa María la Ribera. Ballesteros mostró su solidaridad con quienes perdieron sus negocios o casas durante la manifestación y fue clara al señalar que los destrozos no representan la causa. Según ella, fueron infiltrados los que buscaron reventar la protesta legítima, como ha pasado en otras marchas, incluso en las feministas.
Y es que el fondo del problema no es menor. La diputada fue contundente al decir que el modelo urbano de la ciudad está «fallido y corrupto». ¿La razón? Expulsa a la gente trabajadora a vivir lejos, en zonas sin servicios, sin transporte digno y sin oportunidades. Mientras tanto, en las zonas céntricas, donde todo queda cerca, se construyen departamentos de lujo que muy pocos pueden pagar.
“El modelo tiene nombre y apellido”, dijo. “Gobiernos corruptos y el cártel inmobiliario”. Es decir, quienes han decidido dónde se puede y no se puede construir, beneficiando a los mismos de siempre: los que más tienen.
Y aquí es donde entra su propuesta: si el gobierno no pone orden, seguirá habiendo casas vacías para ricos y familias trabajadoras atrapadas en la periferia. Por eso propone que se hagan convenios con las constructoras para que, sí, sigan haciendo negocio, pero también construyan vivienda accesible, verde y cerca del transporte, escuelas y hospitales. Básicamente, una ciudad donde no tengas que pasar tres horas al día en el tráfico para ir a trabajar.
Ballesteros también recordó que su bancada en la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma del Infonavit, que busca mejorar los créditos para vivienda social. La visión, dice, es clara: “no más casas sin gente ni gente sin casa”.
Sobre la gentrificación, fue directa: el problema no es la llegada de extranjeros o de los llamados «nómadas digitales». El problema es que no hay un gobierno que planee, ni reglas que se cumplan. “Somos una ciudad cosmopolita”, dijo. “No es el inglés el problema, es la falta de orden”. Si todos tuviéramos garantizado el derecho a una vivienda digna, nadie tendría que pelearse por una.
También advirtió que, si no se cambia el modelo, los problemas no se van a quedar solo en las clases populares. La clase media y hasta la alta también van a sentir el golpe: falta de agua, mala calidad del aire y, claro, el precio de la vivienda por los cielos.
Y no solo pasa en la CDMX. También habló del caso de Yucatán, donde los precios se han disparado por un modelo de desarrollo similar, sin acuerdos, sin planeación y lleno de corrupción.
En otro frente, la diputada se pronunció sobre la investigación penal que abrió la FGR contra el diputado del PVEM, Julio Scherer Pareyón, por presuntos actos de corrupción. Exigió que la fiscalía rinda cuentas claras y que explique qué sigue en otros casos similares. Según ella, ya es hora de que el gobierno mexicano actúe y no espere a que sea el de Estados Unidos el que meta mano cada vez que se trata de justicia.
Y para cerrar, dejó caer una bomba: Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, debería ir pronto a comparecer a la Cámara de Diputados y explicar no solo este caso, sino muchos otros. Porque, como lo dijo con todas sus letras, “ya basta de que el gobierno gringo nos esté ganando todas las jugadas”.
Al final, lo que Ballesteros propone no es nuevo, pero sí urgente: que la ciudad sea para todos, no solo para quien puede pagarla. Porque si seguimos expulsando a quienes la hacen funcionar, tarde o temprano, la ciudad se nos va a quedar sin alma. Y sin futuro.
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