Por Juan Pablo Ojeda
Un juez federal estadounidense frenó una de las medidas más controvertidas del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero: la orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
El juez Joseph Laplante, nombrado por el expresidente George W. Bush, determinó que privar a una persona de la ciudadanía estadounidense representa un cambio abrupto y sin precedentes en una política establecida desde hace décadas, causando “daños irreparables” a quienes podrían verse afectados.
Durante la lectura del fallo, Laplante enfatizó que la ciudadanía estadounidense es “el mayor privilegio que existe en el mundo” y destacó la protección que brinda la 14ª Enmienda de la Constitución a la nacionalidad por nacimiento, respaldada por una sólida jurisprudencia.
La orden ejecutiva, que estaba programada para entrar en vigor el próximo 27 de julio, fue suspendida temporalmente por un periodo de siete días para que el gobierno pueda apelar la decisión, tras una demanda colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Este fallo federal se da en un contexto de múltiples enfrentamientos judiciales contra las políticas migratorias de Trump, luego de que el Tribunal Supremo invalidara bloqueos estatales previos a esta orden, argumentando que dichos jueces no tenían jurisdicción para detener una acción federal.
En este caso, la demanda presentada por “Barbara y otros” —siendo Barbara una solicitante de asilo hondureña con un embarazo previsto para octubre en territorio estadounidense— señala que los niños nacidos en Estados Unidos, presentes y futuros, sufrirían un daño irreparable si la orden entrara en vigor.
El juez Laplante ya se había pronunciado en febrero sobre esta orden, aunque entonces limitó su fallo a ciertos grupos específicos y no a la población en general. En esta ocasión, su decisión es más amplia, aunque no se extiende a los padres de los niños nacidos en EE.UU., tal como lo solicitaban los demandantes.
La resolución representa un nuevo revés judicial para la administración Trump y subraya la complejidad y el debate en torno a la política migratoria y los derechos constitucionales en Estados Unidos.
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