Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por un presunto delito de cohecho, luego de que se hiciera público que portó un collar de lujo valuado en más de 220 mil pesos. El caso se ha convertido en un tema sensible porque pone sobre la mesa los límites entre los regalos personales y las obligaciones legales de quienes ejercen un cargo público.
La investigación, a cargo de la Fiscalía General del Estado, se originó a partir de una denuncia presentada por el ex candidato a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán. En ella se señala que la presidenta municipal habría recibido un obsequio cuyo valor excede ampliamente lo permitido por la ley para servidores públicos. A partir de esta denuncia, la fiscalía abrió una carpeta formal y emitió una orden de presentación para que la alcaldesa acuda a declarar.
El centro de la polémica es un collar de la marca francesa Van Cleef & Arpels, cuyo valor ronda los 227 mil pesos. De acuerdo con el Código Penal del estado, ningún funcionario puede aceptar regalos de alto valor económico cuando estos puedan estar relacionados con su función pública. La ley es clara: si el beneficio recibido supera cierto monto, se configura el delito de cohecho, con sanciones que pueden incluir prisión y multas elevadas.
El tema cobró relevancia pública luego de que la alcaldesa apareciera usando el collar durante una sesión de Cabildo. Tras la difusión de imágenes en redes sociales, López Rodríguez declaró que el objeto le fue regalado por ciudadanos y que lo aceptó como una muestra de cariño. Sin embargo, para la fiscalía, el origen del obsequio y su alto valor deben ser aclarados dentro de un proceso legal.
Como parte de las primeras diligencias, dos testigos y el propio denunciante ya comparecieron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Además, se solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana documentación oficial que acredita a Abelina López Rodríguez como alcaldesa, con el fin de sustentar jurídicamente la investigación.
Más allá del caso específico, este episodio vuelve a poner en discusión un punto clave de las políticas anticorrupción: la responsabilidad de los funcionarios de actuar con austeridad y transparencia, incluso en su vida pública cotidiana. La fiscalía continuará recabando información para determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades conforme a la ley.
Deja una respuesta