Por Juan Pablo Ojeda
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un punto muerto en la validación de la elección judicial. A una semana del receso decretado el 19 de junio, el órgano electoral no ha logrado reanudar su sesión para concluir el proceso de entrega de constancias, debido a un desacuerdo interno sobre cómo interpretar los requisitos constitucionales en materia de promedios académicos.
El problema comenzó cuando el Consejo General del INE detectó que varias candidaturas no cumplían con lo que dice claramente la Constitución: un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho y 9 en materias relacionadas con la especialidad judicial. El conflicto se agudizó al descubrirse que más de 30 personas electas no alcanzaban estos estándares, lo que encendió las alertas en la Dirección Jurídica y entre varios consejeros.
En el intento por destrabar el conflicto, Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado de la Dirección Jurídica, propuso aceptar promedios de 7.9 como equivalentes a 8, apelando al uso del redondeo en ambientes académicos. Sin embargo, esa idea fue rechazada por consejeras como Carla Humphrey, quien también criticó la falta de claridad en la manera en que se están evaluando las materias de especialización.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue atorado. Hasta ahora, el INE solo ha entregado constancias a 31 cargos: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF y 15 de Salas Regionales. Pero el gran pendiente sigue siendo la validación de 850 cargos judiciales, entre jueces de Distrito y magistraturas de Circuito.
Otra propuesta en análisis es que, si una candidatura ganadora resulta inelegible por no cumplir con los requisitos académicos, se le entregue el triunfo a quien haya quedado en segundo lugar. Pero esa salida también tiene trabas legales, pues podría violar el artículo 77 de la Ley de Medios de Impugnación, que ordena anular una elección si el ganador no cumple con los requisitos.
Este dilema técnico-jurídico ocurre en un momento político complicado. El 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó abiertamente al INE por anular los votos de 818 casillas durante la elección de ministros de la SCJN, y anunció que presentará una reforma electoral en septiembre. Para la mandataria, el instituto se extralimitó y sus decisiones podrían estar afectando la legitimidad del nuevo modelo de elección judicial.
Así las cosas, el proceso de validación está congelado. Sin consenso, sin nueva fecha para retomar la sesión y con una presión política creciente, el INE tiene sobre la mesa un dilema técnico que pone en pausa la renovación de casi 900 cargos clave en el Poder Judicial. Lo que empezó como un debate sobre décimas en un promedio académico se convirtió, en pocas semanas, en un conflicto institucional que podría marcar el tono de la próxima reforma electoral.
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