Por Bruno Cortés
A veces la política mexicana se parece más a una serie de suspenso que a una democracia moderna. Y el caso del senador Javier Corral Jurado parece estar escribiendo su propio guion. Este viernes, vecinos del fraccionamiento Campanario, una zona residencial tranquila en Chihuahua capital, amanecieron con un escenario inusual: elementos de la Guardia Nacional, fuertemente armados, resguardando la entrada de la casa del exgobernador.
No hubo boletín oficial, ni comunicado, ni rueda de prensa. Solo la imagen contundente de militares con armas largas, chalecos antibalas, cascos y camioneta oficial en posición de vigilancia. Lo que en otras circunstancias parecería un operativo de alto riesgo, esta vez ocurrió en la casa de un senador en funciones… que, por cierto, también fue gobernador del estado.
¿Y por qué esto es relevante? Porque Javier Corral tiene fuero. Es decir, no puede ser detenido por ninguna autoridad sin que antes se le haya retirado ese blindaje legal a través de un desafuero en el Congreso de la Unión. Por eso el despliegue sorprendió tanto: ¿es vigilancia preventiva, presión política o un intento de intimidación?
Aquí es donde el contexto se pone más espeso. En agosto de 2024, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, declaró a Corral prófugo de la justicia, tras un fallido intento de arrestarlo en la CDMX. ¿El motivo? Una investigación por presunto peculado, es decir, mal uso de recursos públicos durante su gestión como gobernador (2016–2021).
Ese operativo no prosperó porque la Fiscalía de la CDMX no colaboró con sus colegas de Chihuahua. Y en una jugada legal rápida, Corral promovió un amparo en diciembre del mismo año, con el que logró una suspensión provisional que evita su detención, al menos hasta que un juez decida si tiene o no razón para protegerse.
Pero ahí no acaba la historia. Entre las versiones que circulan, se habla de un enfrentamiento verbal entre Corral y un empresario local en el Aeropuerto de Chihuahua, lo que podría haber reactivado tensiones políticas y judiciales. Aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, el silencio de las autoridades federales alimenta las sospechas.
Y mientras no haya un comunicado que aclare si el resguardo es parte de una investigación en curso, una medida de protección o un simple acto de presencia, la gente especula… y con razón.
Porque cuando se trata de figuras políticas, la ley y la política caminan en paralelo, pero rara vez se cruzan sin chocar. Y en este caso, hay mucho más que una patrulla en una acera: está en juego el respeto a la ley, el uso de las instituciones de seguridad y, sobre todo, el delicado equilibrio entre justicia y poder político.
Corral ha insistido en que todo esto es una persecución política por parte de sus adversarios en Chihuahua. Y si bien los señalamientos de corrupción deben investigarse a fondo, usar cuerpos de seguridad federal para presionar o amedrentar sin transparencia puede ser igual de grave.
El Congreso, mientras tanto, guarda silencio. Y eso también dice mucho.
Deja una respuesta